domingo, 28 de diciembre de 2008

Descentralización Política o Separatismo: La experiencia boliviana

1. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA y ADMINISTRATIVA
La Descentralización Política y Administrativa implica la distribución del poder político entre el nivel nacional y el nivel regional–local. La trasferencia de decisiones sobre la asignación para la provisión y producción de bienes públicos a procesos democráticos sub-nacionales. Además, la decisión sobre el gasto público y sobre los recursos de la comunidad.

Su rasgos fundamentales son: a) un sistema y mecanismos de elección de las autoridades políticas en el ámbito local; b) mecanismos de participación de la comunidad; c) autonomía normativa y política, que no se ciñe a la elección de candidatos, sino por ejemplo, al reconocimiento de órganos colegiados en los procesos de toma de decisiones políticas; d) un sistema de actores políticos (vgr. Autoridades tradicionales, Consejos de Desarrollo).

Dentro de los tipos de descentralización política están: a) La Territorial, que consiste en el reparto de poder, la distribución vertical del mismo. Es decir, la atribución a los entes descentralizados de actividades administrativas y prestación de servicios públicos (ésta es la que tiene más componente político); b) La Funcional, en la que se atribuyen a entes u órganos públicos con personalidad jurídica propia la gestión de ciertos servicios o ejercicio de ciertas actividades administrativas (ésta es la que conocemos como Administrativa). Ambos espectros muchas veces convergen, son necesarios y se complementan.

Como elementos básicos de una estrategia de Descentralización se encuentran: a) la autonomía del ente receptor; b) la voluntad política; c) la articulación de un consenso nacional (traducido comúnmente en la Constitución Política); d) la asignación de responsabilidades y recursos; e) la celeridad y extensión de las transferencias; y f) las relaciones intergubernamentales adecuadas, entre otros.

1.1. La Autonomía Regional
La descentralización política y administrativa puede tener como punto culmine el proceso de autonomías regionales, pero es una de sus manifestaciones, tal vez la más desarrollada. En la autonomía regional los territorios gozan de libertad para gobernarse bajos sus propias leyes, pero existen excepciones, pues hay materias que son competencia exclusiva del poder estatal.

La autonomía regional no significa necesariamente una transferencia de poderes del Estado a la región; la autonomía regional implica la democratización y descentralización del Estado, una profundización de la democracia, pues acerca los niveles de decisión a los ciudadanos, permitiendo una efectiva participación política .

Se puede entender la autonomía regional como la descentralización llevada a su máxima expresión en el aspecto administrativo y económico, sin que el Estado deje de ser el centro de poder .

Como ventajas de una organización autonómica, se pueden describir: a) la adecuación del Estado a las necesidades locales, para que se recupere o mantenga la idiosincrasia de cada territorio; b) cada comunidad tiene una estructura jurídica, política e institucional propia y singular; y c) se aligera la función legislativa de los parlamentos nacionales, trasladando a las cámaras locales la tarea de crear leyes en ese ámbito.

Los posibles riesgos que conlleva son: a) que se pueden permitir o fomentar la permanencia de estructuras burocráticas centralizadas, creándose un centralismo regional; b) se crea la posibilidad de originar una duplicación de funciones; y c) la conversión de la autonomía en un refugio para los grupos oligárquicos.

De todas formas un proceso de autonomías regionales debe necesitar para su formalización y validez, el tratamiento de reformas constitucionales.

2. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA y ADMINISTRATIVA EN BOLIVIA

2.1. La Ley de Participación Popular
Con la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994, Bolivia emprendió una reforma descentralizadora que ha suscitado interés a nivel internacional. La participación popular ha sido vista como un modelo de incorporación de sectores marginados y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En cierta medida la política de descentralización en Bolivia ha estado relacionada a la transición hacia gobiernos civiles iniciada en 1982.

La liberación política ha abierto un espacio para el surgimiento de presiones descentralizadoras en un país que históricamente ha estado caracterizado por el centralismo. Otro factor importante ha sido el declive de la economía minera de los antiguos centros de poder económico y político, mientras que el eje articulador de la economía boliviana se ha estado desplazando hacia la frontera agrícola del Oriente, específicamente alrededor de la provincia de Santa Cruz.

La Ley de Participación Popular evitó que el país fuera sometido a un proceso de “balcanización”, ante la demanda de los Comités Cívicos que propugnaban por una descentralización hacia el nivel departamental y por la experiencia anterior de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDES) que se convirtieron en nidos de patrimonialismo y corrupción. El corte de esta ley sería municipalista .

Dentro de los rasgos importantes de esta Ley, aprobada en abril de 1994, se encuentran:
• La creación de municipios urbano-rurales con base a las 311 secciones provinciales existentes, pero sin estructura administrativa (se descartaron los cartones por su gran número y las provincias por ser tan bastos que no permitirían el reconocimiento de la variedad cultural y organizacional);
• La transferencia de recursos de coparticipación tributaria según criterios de asignación per cápita (es decir sin tomar en cuenta criterios como la pobreza o la capacidad de absorción para no complicar el esquema de distribución) y la elevación del monto de la coparticipación del 10% al 20% del ingreso tributario nacional (o sea 6% de los ingresos totales del Estado);
• La descentralización de competencias sobre la infraestructura y mantenimiento en los sectores de educación, saneamiento básico, cultura, deportes y caminos vecinales;
• La creación de nuevos mecanismos de enlace entre el gobierno local y la sociedad civil: Los Comités de Vigilancia, conformados por representantes de Organizaciones Territoriales de Base (comunidades indígenas, campesinas y juntas de vecinos);
• El reconocimiento de las “organizaciones territoriales de base” (OTBs) y no “funcionales”, lo que de hecho significaba un desconocimiento de las organizaciones supracomunales, como son las federaciones de juntas vecinales, centrales sindicales y federaciones.

Otro rasgo importante de la Ley fue la ampliación del mandato municipal de 3 a 5 años y la limitación de los gastos de funcionamiento financiados con fondos de la coparticipación a un 15%. Así se buscó que fueran asignados a la inversión, según las orientaciones establecidas en un Plan de Desarrollo Municipal (PDM) quinquenal así como la especificación en los Planes Operativos Anuales (POAs) .

La Ley de Participación abarcó a todos los municipios bolivianos, pero su impacto fue más importante en el área rural y para los municipios rurales.

A fin de acelerar la implementación de esa Ley se creó una Secretaría Nacional de Participación Popular, con una plantilla conformada por técnicos independientes y personal de muchas ONGs. Se incrementaron los OTBs y los Comités de Vigilancia. Hacia 1998 se transfirieron más de US$ 200 millones a los gobiernos municipales, revirtiendo la anterior concentración de recursos en las grandes ciudades. La estructura de la inversión por nivel de gobierno cambió de forma significativa.

Con la Ley de Participación Popular, los recursos disponibles se incrementaron de forma espectacular. Sin embargo, el efecto redistribuidor a largo plazo está menos cierto puesto que las grandes ciudades logran generar más recursos propios y captar más transferencias, créditos, donaciones, etc. que los municipios rurales. Así los fondos de coparticipación dan cuenta de cerca de un tercio de los ingresos de los capitales departamentales mientras que en los municipios rurales esta proporción es más bien de dos tercios.

2.2. La Ley de Descentralización Administrativa

En 1995 se dictó la Ley descrita, con lo que se evitó la elección directa de Consejos Departamentales, que en opinión del Gobierno podría llevar a una “balcanización del país”. De acuerdo a la Ley de 1995, aquéllos son nominados por los concejales de los municipios de cada Provincia. Esos Consejos tienen algunas atribuciones sumamente endebles en cuanto la planificación y control del Prefecto puesto que, por ejemplo, el mismo Prefecto preside el Consejo.

Con la Ley de Descentralización Administrativa se transfirieron a las Prefecturas responsabilidades en las áreas de:

• Construcción y mantenimiento de caminos nacionales, secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción;
• Conservación y preservación del medio ambiente;
• Promoción del turismo;
• Programas de asistencia social y de fortalecimiento municipal;
• La administración, supervisión y control por delegación del gobierno central de los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios personales de educación, salud y asistencia social .

De hecho tal parece una delegación y desconcentración administrativa que propiamente una descentralización. Cada Prefectura tiene una Secretaría General y un Tesoro así como Secretarías Sectoriales, entre ellas las de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Participación Popular y Desarrollo Humano, entre otras.

Las Prefecturas fueron ideadas como una suerte de bisagra entre el gobierno central y los gobiernos municipales. La promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa fue una respuesta a las presiones de las elites departamentales y obedeció a presiones al interior del partido gobernante de la época, el Movimiento Nacional Reformador (MRN). Existió un temor de perder el control sobre los municipios tras las elecciones de 1995 y el avance de los partidos no-oficialistas. Al final de la administración del Presidente Sánchez de Lozada, el papel de las Prefecturas fue ampliado al condicionar la asignación de recursos de ciertos programas sociales a trámites ante las Prefecturas.

3. EL DEBATE SOBRE LAS “AUTONOMÍAS REGIONALES”
En Santa Cruz, Bolivia, se ha articulado de manera consistente el poder económico (CAINCO-FEGASACRUZ-CAO-FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS) con el poder político (el Comité Cívico y sus brazos, la Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceña) y el poder mediático (Unitel y Red Uno). Estos pretenden disponer de los recursos públicos necesarios para mantener la política de créditos agropecuarios, tener en sus manos la distribución de la tierra mediante un Instituto Departamental de Tierra y contar con suficiente poder coercitivo para frenar el avance del “Movimiento Sin Tierra” .

Los pobladores cruceños son contrarios a una autonomía como la descrita (principalmente los indígenas y campesinos), quienes han sido objeto de amenazas, además, la Juventud Cruceñista y la Nación Camba han salido a golpear a todos los que no han apoyado el movimiento regional.

La “Coordinadora por el fortalecimiento de la unidad nacional y la democracia” planteó públicamente que las “autonomías” sean discutidas en la Asamblea Nacional Constituyente, la que se ha previsto para el próximo año 2009; también, han propuesto la modificación de la Ley 2493 que pretende consolidar los latifundios y la aprobación inmediata por tiempo y materia de una Ley de Hidrocarburos que fije regalías del 50%; la migración obligatoria de los contratos; la recuperación de los hidrocarburos para beneficio de los bolivianos; la inclusión del Título del Derecho de Consulta y la participación de los pueblos indígenas y comunidades originarias. Han demostrado también su descontento porque la oligarquía cruceña ha hablado en nombre del Pueblo Guaraní.

Con relación al resto del país, la reacción ha sido diversa, pero en general no es conteste con las posiciones de los cívicos cruceños. Las instituciones de Cochabamba y Chuquisaca se han mostrado simplemente contrarias a las autonomías. Las de Potosí y El Ato se pronuncian a favor de la autonomía pero a través de una Asamblea Constituyente. En Cochabamba además se exige la Ley de Hidrocarburos. Por su parte el Mallku Felipe Quispe anuncia la constitución de una autonomía de origen aymara. En todas partes de Bolivia, se pregunta si autonomía supone auto-sostenimiento económico (para lo cual sólo dos departamentos estarían en condiciones de hacerlo, Santa Cruz y La Paz). Y por lo menos en un lugar la pregunta estriba en evaluar si la causa de los males es el centralismo o el neoliberalismo, y la respuesta apunta más a éste último aspecto.

En conclusión, es relevante lo expresado por Saúl Escalera, con relación a la Autonomía Regional en Bolivia: “Que se vele por la libertad de autodeterminación, pero al mismo tiempo se establezcan reglas claras y mecanismos regulatorios de alcance regional y nacional que fiscalicen esas tareas, especialmente cuando se relacionan con el desarrollo socioeconómico de cada región. Esto para evitar que la autonomía regional caiga en poder de unos cuantos políticos vivillos regionalistas que luego tengan la peregrina idea de producir un desmembramiento nacional” .

4. ¿Qué pasa en Bolivia: Se consolida el modelo descentralizador o se resquebraja la República?
Luego del referendo revocatorio realizado el 10 de agosto de 2008 y el procedimiento declarativo de “autonomías regionales” en algunas circunscripciones territoriales, lo que se evidencia en esa nación sud americana no es el reflejo de un “proceso autonómico” o de “descentralización” del Estado, en donde éste sea fortalecido en cuanto a su unidad estructural política, económica, jurídica y social. Es más, los hechos que se derivaron fueron más tendentes a una “separación” de regiones declaradas “autonómicas”, cuyo proceder aún es cuestionado por su “ilegalidad”. Todo esto alertó la posible sucesión de hechos violentos con tal de alinear especialmente a la Provincia de Santa Cruz, contrario sensu, ésta (manipulada por grupos oligárquicos) pretende buscar su plena independencia.

El tema de la “autonomía” de las regiones y el referendo revocatorio, más que consolidar procesos en Bolivia, están ocasionando un problema de “gobernabilidad” en ese país, lo que no es conveniente para los fines democráticos y de seguridad de una nación.

Los hechos precedentes y las secuelas del referendo no han sido alentadores, el conflicto en Bolivia ha rebasado el espectro nacional, verbigracia, el Presidente Hugo Chávez ha indicado que “si pasa algo en Bolivia” con la injerencia de los Estados Unidos y el apoyo de los poderes oligárquicos de Santa Cruz, “ellos” -aludiendo al gobierno venezolano- “no” se quedaran con los brazos cruzados. Es más, indicó que Bolivia podría ser el “nuevo Vietnam” -citando al guerrillero heroico Che Guevara-; adujo la necesidad de construcción de uno o más Vietnam en América Latina.

Bajo argumentos no tan fuertes, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó el comportamiento de los poderes económicos de Santa Cruz, al indicar que ellos nunca han sentido a Bolivia como “su tierra” y menos identificados con “los cholos” y los indígenas de dicho país.

Del otro lado, el grupo autonómico y opositor de Santa Cruz, enarboló argumentos “localistas” y críticos del Gobierno de Evo Morales, a quien acusan de ser un “pichón” de Hugo Chávez, además han respondido que los “santa cruceños” no se intimidaran ni se dejaran de las amenazas o uso de fuerza que insinúa utilizar Hugo Chávez, si en Bolivia no se respeta el referendo revocatorio.

Es claro que el panorama no es alentador en Bolivia.

En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha vociferado la necesidad de realización de un “diálogo” en ese país. Sin embargo, la diplomacia del gobierno boliviano ha sido enfática en señalar que los perfectos o gobernadores de las provincias autoproclamadas autonómicas no quieren el diálogo. Bajo esa arista, la consecuencia fatal de estos acontecimientos podrían ser la de una guerra civil, entre el poder gubernamental y las provincias opositoras, que han también demostrado ser fuertes, pues según conteos del referendo, el 70% de santa cruceños le dieron un “no” al Presidente Morales.

Además, en este conflicto no deja de existir un trasfondo de carácter social, cultural y étnico. La presencia de un indígena en el poder en un Estado gobernado históricamente por grupos oligárquicos (como sucede en la mayoría de países latinoamericanos) y los reiterados eventos reivindicativos impulsados por el Presidente Morales a favor de los pueblos indígenas, han logrado un choque abrupto de intereses políticos, económicos, sociales y étnicos que se entremezclan en la problemática analizada.

También se ha argumentado que en Bolivia existe una aparente “descentralización” del poder político, sin embargo, los fines de la misma no son contestes con la realidad de dicho país. La descentralización constituye un proceso de eficiencia, eficacia y logro del bienestar general de la ciudadanía dentro de la unidad territorial de un Estado; busca el aprovechamiento de los recursos, el capital social, humano y el desarrollo de los territorios de las comunidades sub-nacionales; facilitar el proceso de toma de decisiones en las mismas a fin de mejorar las potencialidades y capacidades del Estado. En Bolivia como se ha dicho al inicio no se están logrando ni menos consolidando estos objetivos, lo que se está suscitando es más la “separación” y “segregación” de la unidad política y territorial de dicho Estado, a causa de las elites económicas que se enquistan en el poder para velar por sus intereses sectoriales.

lunes, 11 de agosto de 2008

EL PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO Y SU APLICACIÓN A LA REALIDAD GUATEMALTECA

Luis Ernesto Cáceres Rodríguez

1. Teoría del Desarrollo Humano: El enfoque de las capacidades, capital social y otros conceptos.

Se puede incluir en esta arista del concepto de Desarrollo Humano , el enfoque de las capacidades, el desarrollo sostenible (o más correctamente sustentable) y el desarrollo participativo. Estos conceptos, que algunos se agrupan bajo el de ´desarrollo alternativo’, han pasado de oponerse frontalmente a las corrientes convencionales de pensamiento sobre desarrollo a integrarse en la práctica actual de numerosos organismos internacionales, sobre todo de las agencias de las Naciones Unidas, las ONG’s y el Banco Mundial. Difícilmente se las puede considerar, por tanto, ‘alternativas’, en la medida en que son ampliamente aceptadas por la comunidad del desarrollo. Sin embargo, carecen de la consistencia teórica de las escuelas precedentes y su ámbito es la aplicación práctica sobre el terreno de un nuevo tipo de cooperación al desarrollo, más descentralizada, que desconfía del Estado como agente del progreso y prefiere centrarse en las personas, en muchos casos a nivel local.

Ya a finales de los años 70, economistas como Chenery empezaron a destacar la importancia de los aspectos humanos del desarrollo. Este primer enfoque ‘humanista’ entendía que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo era la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos; es decir, erradicar la pobreza, extender la educación y asegurar una nutrición y unos niveles sanitarios adecuados. Los malos resultados en términos sociales de los programas de ajuste hicieron que a finales de los años 80 la UNICEF y otras instituciones reclamasen un ‘ajuste con rostro humano’.

A principios de los años 90, el economista Mabuh Ul Haq introdujo el concepto de ‘desarrollo humano’. El concepto de ‘desarrollo humano’ concebido por Ul Haq no supone una ruptura con los enfoques precedentes, pues sigue considerando necesario el crecimiento económico e incluso adoptar procesos de ajuste para preservarlo, pero más como un medio para alcanzar elevados niveles de desarrollo humano que como un fin en sí mismo.

Para los defensores del ‘desarrollo humano’ queda claro que una mayor producción de bienes y servicios (crecimiento) expande las oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección (libertad); y el crecimiento económico y la mayor libertad contribuyen de manera importante al desarrollo humano. Pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano.

El problema es que la contribución del crecimiento al desarrollo humano parece ser decreciente; es decir, cuanto mayor es el nivel de renta de un país, el crecimiento económico adicional parece añadir cada vez menos desarrollo humano. Por ello, es preciso adoptar políticas que mantengan un crecimiento favorable al desarrollo humano: favorecer un crecimiento económico basado en un empleo intensivo del trabajo (evitando el desempleo); proceder a la redistribución de las rentas generadas; y basar el crecimiento económico en la formación de capital humano. Es decir, el desarrollo humano, además de ser un objetivo del crecimiento, es también un medio para alcanzarlo (mediante el funcionamiento de la teoría del crecimiento basada en la formación de capital humano).

Nos encontraríamos así con lo que los economistas llaman un “circulo virtuoso”, en el cual crecimiento y desarrollo humano se respaldarían mutuamente: invertir en las personas resultaría rentable económicamente y, sobre todo, éticamente deseable. Un trabajador sano, bien alimentado y con una cualificación elevada resulta más productivo y contribuye en mayor medida al crecimiento, disfruta de una vida más plena y contribuye a un mayor desarrollo humano de la sociedad en que participa: paga más impuestos con los que mejora los servicios sociales facilitados por el Estado (por ejemplo, los asistenciales, sanitarios y educativos); tiene más medios para educar a sus hijos; puede contribuir en mayor medida a la mejora de la situación de la comunidad en la que vive, etc.

Por tanto, a diferencia del énfasis en el capital físico de las escuelas analizadas anteriormente, el concepto de ‘desarrollo humano’ incluye los avances de la teoría del crecimiento endógeno en materia de capital humano. Para la escuela del ‘desarrollo humano’, el crecimiento expande las oportunidades, pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano y es preciso adoptar políticas que mantengan una pauta de crecimiento favorable a dicho desarrollo.

Si a las necesidades básicas añadimos la dimensión política y social, entramos en el campo del enfoque de las capacidades propugnado por Amartya Sen. Para Sen, el desarrollo debe entenderse como la ampliación de las capacidades de las personas, tanto a nivel económico como cultural, social o político. En este sentido, el desarrollo debe entenderse como la libertad (o la capacidad) para elegir el tipo de vida que cada persona quiere llevar, aunque respetando la regla kantiana de que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. Libertad para no padecer privaciones ni enfermedades fácilmente curables, para poseer una vivienda digna, para participar en la toma de decisiones colectivas, para disfrutar del nivel educativo deseado, para profesar, expresar y difundir libremente las propias ideas (sean estas políticas o religiosas) o para vivir en un entorno cultural propio. En definitiva, se trata de ampliar el poder de la gente para decidir su propio destino, lo que los anglosajones denominan empowerment. Pero es importante tener presentes los límites que nos marcan la ética y los derechos humanos: uno no debe realizar sus capacidades a expensas de los demás.

Para el enfoque de las capacidades de Sen, el desarrollo es la ampliación de las capacidades de las personas, debe entenderse como la libertad para elegir el tipo de vida que cada persona quiere llevar y trasciende el ámbito económico para entrar de lleno en los aspectos políticos, sociales y culturales del desarrollo.

Hasta ahora hemos tratado los conceptos de capital físico y capital humano, pero el concepto de capital social es el más novedoso dentro de la literatura económica, aunque sociólogos y politólogos vienen trabajando con él desde hace décadas. El concepto se emplea por primera vez por Robert Putnam (Making Democracy Work ). Él plantea que la existencia de elevados niveles de confianza entre los agentes sociales sería el resultado del elevado nivel de capital social en una sociedad. Es importante distinguir entre instituciones (familia, valores culturales, derechos de propiedad...) y capital social: éste es el ‘pegamento’ que mantiene a las instituciones cohesionadas y las hace eficientes y operativas.

Un elevado nivel de capital social puede proceder de sociedades homogéneas, con valores culturales armónicos, sin profundas divisiones étnicas ni religiosas, que no recurren a la violencia para dirimir sus diferencias y relativamente equitativas, entre otros atributos; cuando tales atributos no se dan, el capital social puede provenir de la confianza en las instituciones para resolver las diferencias.

La relevancia del capital social para el crecimiento y el desarrollo económico se da en el ámbito político y social, desde el cual se transmite a la economía. Las sociedades de elevado nivel de capital social presentarían un mejor comportamiento económico derivado de la confianza que impregna las relaciones sociales. Por ejemplo, la confianza mutua abarata las transacciones comerciales, al no requerirse tanta información de la solvencia de la otra parte ni tener que prevenir comportamientos fraudulentos. En forma similar, la cultura del diálogo social entre empleadores y trabajadores evita confrontaciones violentas que entrañan un coste económico (huelgas, despidos, recurso a los contratos temporales). Las disputas políticas, religiosas o étnicas, cuando se dan, se reconducen por cauces pacíficos y raramente perturban la actividad económica. A su vez, al igual que vimos para el caso del capital humano, el crecimiento económico puede generar capital social en la medida en que venga acompañado de una mayor justicia social. Nos encontramos con un nuevo “círculo virtuoso”, esta vez entre crecimiento y capital social.

La formación de capital humano se alcanza por un esfuerzo directo en educación y formación de la población; el capital social requiere igualmente la transmisión a la sociedad de los valores de respeto, tolerancia, diálogo, integridad, profesionalidad; esta educación no se limita a los cauces académicos formales, siendo éstos muy importantes, sino que se transmite también por el ejemplo de los líderes sociales, a nivel local y nacional, o los medios de comunicación.

Uno de los elementos claves constitutivos del capital social es la participación, tanto a nivel local como regional o nacional. De ahí el concepto de ‘desarrollo participativo’, muy aplicado por las ONG’s, y el de ‘desarrollo endógeno’, referente a un desarrollo auto-centrado que emana de la propia sociedad sin influencias externas. Sin embargo, aquí nos salimos del campo de las teorías del desarrollo propiamente dichas para entrar en las formas de la cooperación al desarrollo, por lo que sólo se relacionan estos conceptos con el de capital social y con el binomio desarrollo-democracia.

Otro concepto muy mencionado es el de ‘desarrollo sostenible (sustentable)’, referido en principio a otro tipo de capital, el ‘capital natural’, es decir, el conjunto de recursos naturales disponibles en el planeta: minerales, bosques, biodiversidad, aire fresco, agua limpia, paisajes, etc.


2.- El Paradigma del Desarrollo Humano y su adecuación para Guatemala.

Para poder analizar la adecuación del Desarrollo Humano en Guatemala, es necesario tomar en cuenta diversos factores influyentes, principalmente los naturales, sociológicos, políticos y jurídicos, entre otros. Factores que en su conjunto constituyen una plataforma ideal en la búsqueda del Desarrollo Humano.

Naturales, conocidos para algunos economistas como Factores “Tangibles”, porque Guatemala, a pesar de poseer una extensión territorial reducida, cuenta con una amplia diversidad de micro climas, que permiten la explotación de recursos tradicionales y no tradicionales. Además, geográficamente cuenta con la ventaja de tener acceso al Océano Atlántico y al Pacífico, factor que potencia la comercialización de los productos nacionales vía marítima. El factor sociológico, porque se debe tomar en consideración al ciudadano guatemalteco no como individuo aislado, sino en su conjunto, como ser integrante de una sociedad multilingüe, multiétnica y pluricultural, elementos que constituyen una riqueza social con capacidad para ser desarrollada. El factor político, porque a la luz de las teorías economistas, el sistema de Gobierno de la realidad guatemalteca evidencia un panorama -que sin bien es cierto posee tintes de intervencionismo estatal- no deviene en “paternalismo” que históricamente fue corrompiéndose y que provocó índices de inflación inimaginables para la economía.

Guatemala debería consolidar un Modelo Liberal Social y Pragmático (como lo ha planteado John Ralws) y retomar algunas ideas de las teorías clásicas aplicadas a la realidad y características nacionales, sistema que permite pensar en el Desarrollo Económico del país y por ende en el Desarrollo Humano. En cuanto al aspecto jurídico, Guatemala cuenta con una compleja normativa tanto constitucional como ordinaria que constituyen una serie de garantías hacia las libertades fundamentales individuales, basamento jurídico propicio para la búsqueda del Desarrollo Humano sostenible.

En este punto, es preciso indicar que existen otros factores necesarios para la adecuación de dicho paradigma en Guatemala, sin embargo han sido someramente desarrollados. Entre estos factores están la política financiera estatal, que debe estar orientada hacia la inversión, y, si la necesidad de adquirir empréstitos es inevitable, éstos recursos deberán ser invertidos estratégicamente entre los diversos factores de producción, puesto que de ésta forma, el Estado contará con los recursos suficientes para satisfacer las obligaciones contraídas con los acreedores tanto nacionales (empréstitos internos) como extranjeros y así evitar endeudamientos que empobrecen a futuras generaciones. Dentro de ésta política financiera, se ubica la política fiscal, la que se ve íntimamente influenciada por el fomento de una cultura tributaria, constituyendo el fundamento de la misma: la transparencia y la eficiente inversión de los recursos económicos obtenidos por medio de los impuestos, que se traducen en servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, etc.; en fin brindar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de todos los habitantes de la República.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente establecer que Guatemala cuenta con las condiciones naturales indispensables para promover el Desarrollo Humano sostenible, siendo necesario fomentar la producción, la explotación de los recursos, la generación de condiciones que permitan ocupar el recurso humano desempleado, y de ésta forma aumentar el ingreso per cápita, elevar las condiciones de vida en aras de fomentar el Paradigma del Desarrollo Sostenible en Guatemala.

3. Procesos o fases necesarias para la aplicación del Modelo en Guatemala

Las fases que se proponen son las siguientes:
a) Una política fiscal distributiva de la renta nacional, no confiscatoria ni paternalista, promotora del capitalismo moderno e incluyente;
b) Correcta inversión en los factores de la producción: tierra, fuerza de trabajo, capital, tecnología, capital social y capital natural.
c) Control y calidad del gasto público;
d) Aplicación del principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado: éste debe inmiscuirse en los procesos sociales que ameriten lo dicho, educación, salud, seguridad ciudadana, justicia y seguridad alimentaria.
e) En el aspecto superestructural, el Modelo de Desarrollo Humano se consolida a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los Derechos Fundamentales.

4. Ventajas y limitaciones del paradigma de Desarrollo Humano

4.1. Ventajas del paradigma
La postura de Sen es clara en ver al desarrollo humano como un proceso de expansión de las libertades de las que disfruta la gente. Este enfoque va más allá de la perspectiva tradicional del desarrollo. Para Sen, se “requiere eliminar las principales fuentes de falta de libertad: la pobreza, al igual que la tiranía, las escasas oportunidades económicas, así como la carencia social sistémica, el descuido de las instalaciones públicas y la tolerancia o la actividad excesiva de los estados represivos” .

En este ámbito, los términos ética y moral, no obstante tener claras diferencias epistemológicas y filosóficas, encuentran el mismo cauce cuando se utilizan como indicativos para proseguir y encaminarse hacia “lo bueno”, “lo correcto”, “lo justo”; es decir, aquellas cosas que pensamos que valen la pena y que nos resulta valioso. Nos interesa evaluar las decisiones éticas, vistas estas como aquellas elecciones en donde nuestra intención y meta es “buscar el bien” .

En este sentido, lo “bueno” del desarrollo deriva del resultado de las decisiones tomadas por los actores del desarrollo. La responsabilidad de lograr las metas del desarrollo descansa en los miembros de la sociedad, que son los agentes del desarrollo. Son los propios actores del desarrollo quienes deben discernir cuáles son los valores inherentes a éste y promover esos valores. Y los actores deben saber que lo bueno del desarrollo se logra también a través de la decisión de trabajar juntos, a través de esfuerzos sostenidos y creativos por el bien común de todos.

Si el desarrollo implica un aumento de libertad, como lo plantea Sen, lo lógico sería que el compromiso de mutua comprensión es una responsabilidad ética primordial, incluso para las instituciones financieras, internas e internacionales.

De acuerdo con lo anterior, cabría preguntarse ¿Cuáles son los valores o principios que pueden guiar el conocimiento y la toma de decisiones para impulsar el desarrollo?

Dado que la libertad constituye el epicentro de toda consideración ética -desde la perspectiva epistemológica y ontológica-, dicho término resulta fundamental para el ejercicio de la responsabilidad moral por parte de los actores del desarrollo.

Según Sen, la expansión de la libertad efectiva de la gente “es vista a la vez (1) como el fin primordial y (2) el medio básico del desarrollo” . La libertad es a la vez un medio y un fin. Es el bien a lograr y el camino para hacerlo. Por ende, es a la vez constitutivo del desarrollo como meta y el instrumento en el proceso de desarrollo. Uno puede lograr la expansión de su libertad, únicamente mediante el ejercicio de la libertad.

Pero cuál sería ahora el principio ético que entra en juego en este enfoque del desarrollo que mira a la libertad como un medio y un fin. Gasper Lo Biondo plantea que es el del “bien común”. Continúa diciendo que “En la sociedad moderna, la gente tiene la libertad de definir su propia identidad y sus propios proyectos de vida. Debido a ello, el bien común se transforma en una noción dinámica. Es el bien que la gente construye y sostiene en común con los demás, mediante su ejercicio de la responsabilidad ética frente a la economía en su totalidad y a la sociedad”. Una manera de expresar esto es diciendo que el bien común “abarca la suma total de la condiciones de la vida social, por medio de la cual los hombres pueden lograr su propia perfección integral de la manera más completa y más fácil” .

Por último hay que indicar que en el proceso de desarrollo el principio que puede guiar el conocimiento y toma de decisión de los actores abarca un aspecto más del bien común, se trata del principio de “solidaridad”.

La solidaridad implica superar las divisiones entre los grupos de intereses. Cuando los actores del desarrollo toman decisiones conforme al valor ético de la solidaridad, trascienden los límites de sus propios intereses y buscan entender el bien que los demás buscan. Este tipo de actitud los lleva a asumir la responsabilidad del proceso de desarrollo y a participar conjuntamente con otros actores en las decisiones que influyen en el curso de la economía y la sociedad. Solidaridad en acción es colaboración .

4.2. Desventajas del Modelo
a) Es un modelo que encuentra dificultades de aplicación en países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde no existe un equilibrio entre capital y fuerza de trabajo;
b) Se necesita de una capacidad efectiva de intervención estatal para realizar la tarea distributiva de la riqueza –lo que ha resultado infructuoso en países con poderes monopólicos y oligopólicos como Guatemala-, pero sin caer en el paternalismo, respetando el principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado;
c) Desde el punto de vista de la cultura política, el modelo de desarrollo humano requiere funcionarios y ciudadanos comprometidos con valores democráticos, en y para el fomento de los derechos fundamentales de la persona, lo que constituye una meta que se ve obstruida por los enfoques autoritarios con los que se sostienen los sistemas y subsistemas políticos y sociales de los países en vías de desarrollo;
d) Es un modelo que se puede ir consolidando en un mediano y largo plazo, pero las coyunturas y apremios de los países en vías de desarrollo menguan la debida planificación y ejecución de planes y proyectos a futuro.


5. COMENTARIO FINAL

Luego del análisis hecho a la teoría del desarrollo humano se ha podido establecer que ésta constituye una variación de los típicos modelos de desarrollo económico, pues también se consideran aspectos sociales, que tienen que ver con una consideración ontológica y humanista de tal paradigma.

Del estudio realizado se puede concluir:

5.1. El concepto de Desarrollo Humano es compatible con el enfoque de las capacidades, el desarrollo sostenible o sustentable y el desarrollo participativo.

5.2. Para varios defensores del ‘desarrollo humano’ queda claro que una mayor producción de bienes y servicios (crecimiento) expande las oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección (libertad); y el crecimiento económico y la mayor libertad contribuyen de manera importante al desarrollo humano. Pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano: “Circulo virtuoso”.

5.3. Se propone que el país debería consolidar un Modelo Liberal Social y Pragmático, referido a un capitalismo moderno, incluyente y con equidad, en el que se hace necesario además retomar algunas ideas de las teorías clásicas aplicadas a la realidad y características nacionales, lo que permite pensar en la consolidación del Modelo de Desarrollo Humano.

5.4. Las fases o procesos por los que debe encaminarse dicho Modelo para ser aplicado en Guatemala, son las siguientes: a) Una política fiscal distributiva de la renta nacional, no confiscatoria ni paternalista, promotora del capitalismo moderno e incluyente; b) Correcta inversión en los factores de la producción; c) Calidad del gasto público; d) Aplicación del principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado; e) En el aspecto superestructural, el Modelo de Desarrollo Humano se consolida a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los Derechos Fundamentales.

domingo, 25 de mayo de 2008

ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA MUNDIAL

Estados Unidos de Norteamérica es un país de suma importancia para la historia económica, política y jurídica del mundo, desde la consolidación del Estado moderno hasta la actual época contemporánea.

Estados Unidos nació y se consolidó como un Estado liberal a fines del siglo XVIII D.C.. Su Constitución de 1789 estableció las bases de una sociedad garantista, democrática y promotora del bienestar individual. La búsqueda de la felicidad humana quedo como una quimera planteada en la propia Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia.

A criterio del ensayista, Estados Unidos pasó por tres etapas de suma importancia, que contribuyeron a su consolidación económica y política, para ser considerado una potencia mundial y un paradigma a seguir por los demás países del hemisferio. Esas etapas son: a) los amplios procesos de migración que se suscitaron desde mediados del Siglo XIX a mediados del Siglo XX; b) la estrategia económica del “New Ideal” del Presidente Roosevelt y el impulso del “Plan Marshall” después de la terminación de la II Guerra Mundial; y c) la caída de la URSS y del bloque socialista del este europeo, lo que contribuyó al proceso de liderazgo a nivel mundial del enemigo natural e histórico del socialismo, los Estados Unidos de América.

Durante la primera etapa descrita, se puede decir que esa Nación se gestó a través de un proceso de migraciones provenientes de la Europa central y del sur, cuyos ciudadanos anhelaban prosperidad, obtención de riqueza (sobre todo ante la abundante tierra y recursos naturales que existía en Norte América) y libertad, lo que propició un caldo de cultivo para la formación democrática de ese país, tal y como lo describe Alexis de Toqueville en su excelsa obra “La Democracia en América” .

El proceso de migraciones coadyuvó con el crecimiento económico de Estados Unidos. La migración fue uno de los factores más determinantes del progreso norteamericano desde mediados del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX, lapso en el cual se trasladaron alrededor de 40 millones de personas, constituyéndose en el mayor flujo migratorio de la historia mundial. Los principales alcances de este ciclo “pueden apreciarse directamente en el refuerzo dado a la incipiente expansión económica de la nueva nación y al crecimiento de las grandes ciudades, lo cual aunado al surgimiento de una nueva demanda contribuyó al perfeccionamiento del mercado masivo” .

La segunda etapa de impulso económico estadounidense, puede desprenderse de la estrategia económica de Delano Roosevelt para salir de la crisis mundial de 1929 y el aprovechamiento de las empresas estadounidenses de los beneficios conseguidos con el Plan Marshall, después de la culminación de la II Guerra Mundial.

El Presidente Roosevelt imprimió un alto grado de confianza al electorado y a la sociedad en general. Su estrategia de jalonamiento económico –con intervención estatal- fue el “New Ideal”, ideología inmortalizada por Roosevelt. Este Presidente invirtió grandes cantidades de dinero en infraestructura con el propósito de generar empleo y utilizar la construcción como sector impulsor de la economía y de la sociedad en general .

Con la II Guerra Mundial, los estadounidense aprovecharon sus recursos humanos y de capital disponibles, haciendo de la industria bélica en sus diferentes procesos un foco de empleo y progreso para gran parte del país, no obstante que Estados Unidos participara al final de la guerra, ante la amenaza nazi y el bombardeo de su base naval de Pearl Harbor por los japoneses.

Los norteamericanos durante esa época aprovechó su enorme capacidad técnica de producción y se dedicaron a exportar productos y bienes de capital (automóviles, maquinaria, tecnología, entre otros) demandados en los mercados europeos.

Al terminar la guerra, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall en la economía de post conflicto. Este plan canalizó ayudas por cerca de 13 billones de dólares hacia Europa, pero los EEUU también se vieron ampliamente beneficiados con este flujo de ayuda, pues gracias a la apertura permanente de los mercados y la demanda europeos, obtuvo un superávit en la balanza comercial por valor de alrededor de12.5 billones de dólares.

La tercera etapa -a criterio del autor- como proceso de consolidación de Estados Unidos como potencia mundial, deviene a partir de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –URSS-. Esto convirtió a ese país en el nuevo líder del nuevo orden mundial merced de su hegemonía económica, su capacidad bélica y el control de las instituciones supranacionales (Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, los Tratados de Libre Comercio, el Banco Mundial, el BID, etc.).

Su fiel estrategia ha sido el impulso de la industria bélica, ahora enfatizada en la lucha internacional contra el terrorismo y el narcotráfico (en otrora fue la lucha contrainsurgente), lo que lo ha llevado a intervenir drásticamente en ciertos escenarios convulsivos: Irak, Afganistán, conflicto Israel-Palestina, Irán, Corea del Norte, Colombia, Cuba, Venezuela, entre otros; imponiendo de esta forma su modelo económico, político pero también socio-cultural, lo que constituye el proceso último de su arquetipo imperial.