DESARROLLO, DERECHO AMBIENTAL y DR-CAFTA

El Desarrollo es un concepto político que nace de la lógica económica impuesta por las naciones industrializadas después de la II Guerra Mundial. En 1949, el Presidente estadounidense Truman advertía una nueva era, la era del desarrollo, en la que los países industrializados debían ejercer un papel protagónico para poder brindar a las naciones menos desarrolladas, los beneficios y bienestar obtenidos del impulso de la industrialización; más que un discurso, fue una directriz de la política estadounidense para exportar su sistema político y económico a fin de menguar la influencia de las doctrinas marxistas y socialistas.

El desarrollo en sus inicios fue vinculado al concepto de “modernización”. La creación de infraestructuras físicas, inversión de capitales y tecnología, prometían una nueva era de “progreso”. El desarrollo se concebía como sinónimo de crecimiento económico.

Como lo sostienen los post-estructuralistas, el desarrollo se vendía como un concepto ideal para muchos habitantes que vivían en propia sangre los efectos de la gran industrialización: los pobres de esos países en desarrollo que se pretendían salvar. Es más la idea de Tercer Mundo fue impuesta por los países del núcleo, estableciendo así una estratificación ya no social sino mundial, para colocar a éstos en una categoría inferior a fin que sientan la necesidad de “cambiar” y lograr ser como los países del Primer Mundo. Marx ya había anticipado eso: el auge de los países industrializados no es más que el espejo sobre el cual en un futuro se verán los menos desarrollados. Es esa idea “hegemónica” –en términos de Gramsci- de imponer prácticas e ideas a otras naciones o culturas consideradas inferiores.

Bajo esta perspectiva, fueron surgiendo propuestas contrarias a esa idea “modernizante” del desarrollo, una de ellas la “Teoría de la Dependencia”. Esa Teoría fue crítica del modelo de “crecimiento económico”, la cual toleraba esa dicotomía naciones industrializadas y naciones menos desarrolladas; en las primeras convergían los “países del núcleo”, productores de bienes de capital y las otras llamadas dependientes o periféricas (concentradas en Asia, África y América Latina), productoras de bienes primarios o agrícolas, cuyos recursos fueron expoliados en los diversos períodos coloniales y que son trasladados a costa de una mano de obra y abundante a los países del núcleo.

Esa dicotomía países núcleo y países dependientes, se marca en la lógica del Derecho Ambiental. Las regulaciones hasta el momento son producto de la necesidad de imponer reglas globales sobre una situación provocada mayormente por esas naciones industrializadas. Belizza Ruiz y José Martínez lo hacen visible: las naciones industrializadas que explotan y aprovechan el 70% de los recursos naturales del planeta contaminan el 98% del mismo. Derivado de esa necesidad agobiante que afecta y seguirá afectando la economía mundial (vgr. los efectos del cambio climático) surge la necesidad de establecer cumbres mundiales y marcos regulatorios al respecto: Conferencia de Estocolmo de 1972, Cumbre de Río de 1992, las propuestas de Naciones Unidas de 1992, el Protocolo de Kyoto de 1997 y la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo de 2002. No es casualidad que la Conferencia de Estocolmo, surgió de la necesidad del Estado sueco de hacer conciencia de los efectos acaecidos por la lluvia ácida que destruyó su fauna acuífera y que constituye un sustento básico de la economía de ese país.

Sin embargo, a pesar que es evidente la influencia de los países de Primer Mundo en este problema, pasa como en el sistema capitalista en donde se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Análogamente en el ambiente diríamos: “se privatizan los beneficios de la industrialización y se socializan los efectos de la contaminación”. Por ello, coincido con lo expuesto por Teodore Panoyotou: “que carguen con los costos ambientales no los contribuyentes, ni las generaciones del futuro, sino aquellos que los han causado”.

Bajo este sistema dual entre “desarrollismo”, impregnado por una lógica del capital donde importan los beneficios económicos que resulten sin tomar en cuenta las repercusiones en el ambiente, y por otro lado, cómo lograr un “desarrollo humano sustentable” que implique el respeto por los procesos biológicos de reproducción de las especies, las cosechas y los ecosistemas, y la organización de la vida en sociedad respetando los equilibrios vitales de la naturaleza, todo ello, en armonía con la lógica de producción capitalista. ¿Cómo lograr ahora una ética no sólo de la responsabilidad social sino además ambiental de las empresas?

Esta dualidad persiste cuando se habla de Tratados de Libre Comercio, fundados en una economía global, neoliberal, que parte de la premisa de libre circulación y producción de bienes y mercancías. Se podría pensar que al regular el tema ambiental en el DR-CAFTA se reconoce que la producción capitalista tiene efectos perniciosos en el ambiente y se tratan de aminorar los mismos, pues considero imposible que no exista daño alguno.

Algo importante de hacer ver al momento de suscribir esos tratados, desde la perspectiva normativa y de fortalecimiento institucional, es qué tan accesibles y comprensibles son los mecanismos que se implementan en esos tratados para proteger el ambiente. Cabe considerar que en materia ambiental el primer gendarme es el Estado, el que con sus mecanismos jurídicos e institucionales debe prevenir, regular y sancionar el daño ambiental. Me parece pertinente el reconocimiento del principio de subsidiariedad en el DR-CAFTA, de que las personas hagan valer sus reclamos en materia ambiental en la jurisdicción interna, para que en caso de no ser atendidos o encontrar solución eficaz incoar los procedimientos del Tratado, a través de las “comunicaciones” ante la Secretaría de Asuntos Ambientales. Sin embargo, esos procedimientos son complejos y onerosos, que poco ayudan a ejercer la ciudadanía a favor de la protección del ambiente.

Al final, las empresas trasnacionales que gobiernan tácitamente el mundo global serán siendo las mismas beneficiarias, las que explotan recursos y mano de obra barata en los países en desarrollo, las que contaminan, y los ciudadanos comunes seguirán cargando con sus impuestos las grandes tareas que requieren los Poderes Públicos en la actualidad y serán los más perjudicados por enfermedades que muchas veces ni siquiera podrán pagar.