EL PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO Y SU APLICACIÓN A LA REALIDAD GUATEMALTECA

Luis Ernesto Cáceres Rodríguez

1. Teoría del Desarrollo Humano: El enfoque de las capacidades, capital social y otros conceptos.

Se puede incluir en esta arista del concepto de Desarrollo Humano , el enfoque de las capacidades, el desarrollo sostenible (o más correctamente sustentable) y el desarrollo participativo. Estos conceptos, que algunos se agrupan bajo el de ´desarrollo alternativo’, han pasado de oponerse frontalmente a las corrientes convencionales de pensamiento sobre desarrollo a integrarse en la práctica actual de numerosos organismos internacionales, sobre todo de las agencias de las Naciones Unidas, las ONG’s y el Banco Mundial. Difícilmente se las puede considerar, por tanto, ‘alternativas’, en la medida en que son ampliamente aceptadas por la comunidad del desarrollo. Sin embargo, carecen de la consistencia teórica de las escuelas precedentes y su ámbito es la aplicación práctica sobre el terreno de un nuevo tipo de cooperación al desarrollo, más descentralizada, que desconfía del Estado como agente del progreso y prefiere centrarse en las personas, en muchos casos a nivel local.

Ya a finales de los años 70, economistas como Chenery empezaron a destacar la importancia de los aspectos humanos del desarrollo. Este primer enfoque ‘humanista’ entendía que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo era la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos; es decir, erradicar la pobreza, extender la educación y asegurar una nutrición y unos niveles sanitarios adecuados. Los malos resultados en términos sociales de los programas de ajuste hicieron que a finales de los años 80 la UNICEF y otras instituciones reclamasen un ‘ajuste con rostro humano’.

A principios de los años 90, el economista Mabuh Ul Haq introdujo el concepto de ‘desarrollo humano’. El concepto de ‘desarrollo humano’ concebido por Ul Haq no supone una ruptura con los enfoques precedentes, pues sigue considerando necesario el crecimiento económico e incluso adoptar procesos de ajuste para preservarlo, pero más como un medio para alcanzar elevados niveles de desarrollo humano que como un fin en sí mismo.

Para los defensores del ‘desarrollo humano’ queda claro que una mayor producción de bienes y servicios (crecimiento) expande las oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección (libertad); y el crecimiento económico y la mayor libertad contribuyen de manera importante al desarrollo humano. Pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano.

El problema es que la contribución del crecimiento al desarrollo humano parece ser decreciente; es decir, cuanto mayor es el nivel de renta de un país, el crecimiento económico adicional parece añadir cada vez menos desarrollo humano. Por ello, es preciso adoptar políticas que mantengan un crecimiento favorable al desarrollo humano: favorecer un crecimiento económico basado en un empleo intensivo del trabajo (evitando el desempleo); proceder a la redistribución de las rentas generadas; y basar el crecimiento económico en la formación de capital humano. Es decir, el desarrollo humano, además de ser un objetivo del crecimiento, es también un medio para alcanzarlo (mediante el funcionamiento de la teoría del crecimiento basada en la formación de capital humano).

Nos encontraríamos así con lo que los economistas llaman un “circulo virtuoso”, en el cual crecimiento y desarrollo humano se respaldarían mutuamente: invertir en las personas resultaría rentable económicamente y, sobre todo, éticamente deseable. Un trabajador sano, bien alimentado y con una cualificación elevada resulta más productivo y contribuye en mayor medida al crecimiento, disfruta de una vida más plena y contribuye a un mayor desarrollo humano de la sociedad en que participa: paga más impuestos con los que mejora los servicios sociales facilitados por el Estado (por ejemplo, los asistenciales, sanitarios y educativos); tiene más medios para educar a sus hijos; puede contribuir en mayor medida a la mejora de la situación de la comunidad en la que vive, etc.

Por tanto, a diferencia del énfasis en el capital físico de las escuelas analizadas anteriormente, el concepto de ‘desarrollo humano’ incluye los avances de la teoría del crecimiento endógeno en materia de capital humano. Para la escuela del ‘desarrollo humano’, el crecimiento expande las oportunidades, pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano y es preciso adoptar políticas que mantengan una pauta de crecimiento favorable a dicho desarrollo.

Si a las necesidades básicas añadimos la dimensión política y social, entramos en el campo del enfoque de las capacidades propugnado por Amartya Sen. Para Sen, el desarrollo debe entenderse como la ampliación de las capacidades de las personas, tanto a nivel económico como cultural, social o político. En este sentido, el desarrollo debe entenderse como la libertad (o la capacidad) para elegir el tipo de vida que cada persona quiere llevar, aunque respetando la regla kantiana de que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. Libertad para no padecer privaciones ni enfermedades fácilmente curables, para poseer una vivienda digna, para participar en la toma de decisiones colectivas, para disfrutar del nivel educativo deseado, para profesar, expresar y difundir libremente las propias ideas (sean estas políticas o religiosas) o para vivir en un entorno cultural propio. En definitiva, se trata de ampliar el poder de la gente para decidir su propio destino, lo que los anglosajones denominan empowerment. Pero es importante tener presentes los límites que nos marcan la ética y los derechos humanos: uno no debe realizar sus capacidades a expensas de los demás.

Para el enfoque de las capacidades de Sen, el desarrollo es la ampliación de las capacidades de las personas, debe entenderse como la libertad para elegir el tipo de vida que cada persona quiere llevar y trasciende el ámbito económico para entrar de lleno en los aspectos políticos, sociales y culturales del desarrollo.

Hasta ahora hemos tratado los conceptos de capital físico y capital humano, pero el concepto de capital social es el más novedoso dentro de la literatura económica, aunque sociólogos y politólogos vienen trabajando con él desde hace décadas. El concepto se emplea por primera vez por Robert Putnam (Making Democracy Work ). Él plantea que la existencia de elevados niveles de confianza entre los agentes sociales sería el resultado del elevado nivel de capital social en una sociedad. Es importante distinguir entre instituciones (familia, valores culturales, derechos de propiedad...) y capital social: éste es el ‘pegamento’ que mantiene a las instituciones cohesionadas y las hace eficientes y operativas.

Un elevado nivel de capital social puede proceder de sociedades homogéneas, con valores culturales armónicos, sin profundas divisiones étnicas ni religiosas, que no recurren a la violencia para dirimir sus diferencias y relativamente equitativas, entre otros atributos; cuando tales atributos no se dan, el capital social puede provenir de la confianza en las instituciones para resolver las diferencias.

La relevancia del capital social para el crecimiento y el desarrollo económico se da en el ámbito político y social, desde el cual se transmite a la economía. Las sociedades de elevado nivel de capital social presentarían un mejor comportamiento económico derivado de la confianza que impregna las relaciones sociales. Por ejemplo, la confianza mutua abarata las transacciones comerciales, al no requerirse tanta información de la solvencia de la otra parte ni tener que prevenir comportamientos fraudulentos. En forma similar, la cultura del diálogo social entre empleadores y trabajadores evita confrontaciones violentas que entrañan un coste económico (huelgas, despidos, recurso a los contratos temporales). Las disputas políticas, religiosas o étnicas, cuando se dan, se reconducen por cauces pacíficos y raramente perturban la actividad económica. A su vez, al igual que vimos para el caso del capital humano, el crecimiento económico puede generar capital social en la medida en que venga acompañado de una mayor justicia social. Nos encontramos con un nuevo “círculo virtuoso”, esta vez entre crecimiento y capital social.

La formación de capital humano se alcanza por un esfuerzo directo en educación y formación de la población; el capital social requiere igualmente la transmisión a la sociedad de los valores de respeto, tolerancia, diálogo, integridad, profesionalidad; esta educación no se limita a los cauces académicos formales, siendo éstos muy importantes, sino que se transmite también por el ejemplo de los líderes sociales, a nivel local y nacional, o los medios de comunicación.

Uno de los elementos claves constitutivos del capital social es la participación, tanto a nivel local como regional o nacional. De ahí el concepto de ‘desarrollo participativo’, muy aplicado por las ONG’s, y el de ‘desarrollo endógeno’, referente a un desarrollo auto-centrado que emana de la propia sociedad sin influencias externas. Sin embargo, aquí nos salimos del campo de las teorías del desarrollo propiamente dichas para entrar en las formas de la cooperación al desarrollo, por lo que sólo se relacionan estos conceptos con el de capital social y con el binomio desarrollo-democracia.

Otro concepto muy mencionado es el de ‘desarrollo sostenible (sustentable)’, referido en principio a otro tipo de capital, el ‘capital natural’, es decir, el conjunto de recursos naturales disponibles en el planeta: minerales, bosques, biodiversidad, aire fresco, agua limpia, paisajes, etc.


2.- El Paradigma del Desarrollo Humano y su adecuación para Guatemala.

Para poder analizar la adecuación del Desarrollo Humano en Guatemala, es necesario tomar en cuenta diversos factores influyentes, principalmente los naturales, sociológicos, políticos y jurídicos, entre otros. Factores que en su conjunto constituyen una plataforma ideal en la búsqueda del Desarrollo Humano.

Naturales, conocidos para algunos economistas como Factores “Tangibles”, porque Guatemala, a pesar de poseer una extensión territorial reducida, cuenta con una amplia diversidad de micro climas, que permiten la explotación de recursos tradicionales y no tradicionales. Además, geográficamente cuenta con la ventaja de tener acceso al Océano Atlántico y al Pacífico, factor que potencia la comercialización de los productos nacionales vía marítima. El factor sociológico, porque se debe tomar en consideración al ciudadano guatemalteco no como individuo aislado, sino en su conjunto, como ser integrante de una sociedad multilingüe, multiétnica y pluricultural, elementos que constituyen una riqueza social con capacidad para ser desarrollada. El factor político, porque a la luz de las teorías economistas, el sistema de Gobierno de la realidad guatemalteca evidencia un panorama -que sin bien es cierto posee tintes de intervencionismo estatal- no deviene en “paternalismo” que históricamente fue corrompiéndose y que provocó índices de inflación inimaginables para la economía.

Guatemala debería consolidar un Modelo Liberal Social y Pragmático (como lo ha planteado John Ralws) y retomar algunas ideas de las teorías clásicas aplicadas a la realidad y características nacionales, sistema que permite pensar en el Desarrollo Económico del país y por ende en el Desarrollo Humano. En cuanto al aspecto jurídico, Guatemala cuenta con una compleja normativa tanto constitucional como ordinaria que constituyen una serie de garantías hacia las libertades fundamentales individuales, basamento jurídico propicio para la búsqueda del Desarrollo Humano sostenible.

En este punto, es preciso indicar que existen otros factores necesarios para la adecuación de dicho paradigma en Guatemala, sin embargo han sido someramente desarrollados. Entre estos factores están la política financiera estatal, que debe estar orientada hacia la inversión, y, si la necesidad de adquirir empréstitos es inevitable, éstos recursos deberán ser invertidos estratégicamente entre los diversos factores de producción, puesto que de ésta forma, el Estado contará con los recursos suficientes para satisfacer las obligaciones contraídas con los acreedores tanto nacionales (empréstitos internos) como extranjeros y así evitar endeudamientos que empobrecen a futuras generaciones. Dentro de ésta política financiera, se ubica la política fiscal, la que se ve íntimamente influenciada por el fomento de una cultura tributaria, constituyendo el fundamento de la misma: la transparencia y la eficiente inversión de los recursos económicos obtenidos por medio de los impuestos, que se traducen en servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, etc.; en fin brindar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de todos los habitantes de la República.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente establecer que Guatemala cuenta con las condiciones naturales indispensables para promover el Desarrollo Humano sostenible, siendo necesario fomentar la producción, la explotación de los recursos, la generación de condiciones que permitan ocupar el recurso humano desempleado, y de ésta forma aumentar el ingreso per cápita, elevar las condiciones de vida en aras de fomentar el Paradigma del Desarrollo Sostenible en Guatemala.

3. Procesos o fases necesarias para la aplicación del Modelo en Guatemala

Las fases que se proponen son las siguientes:
a) Una política fiscal distributiva de la renta nacional, no confiscatoria ni paternalista, promotora del capitalismo moderno e incluyente;
b) Correcta inversión en los factores de la producción: tierra, fuerza de trabajo, capital, tecnología, capital social y capital natural.
c) Control y calidad del gasto público;
d) Aplicación del principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado: éste debe inmiscuirse en los procesos sociales que ameriten lo dicho, educación, salud, seguridad ciudadana, justicia y seguridad alimentaria.
e) En el aspecto superestructural, el Modelo de Desarrollo Humano se consolida a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los Derechos Fundamentales.

4. Ventajas y limitaciones del paradigma de Desarrollo Humano

4.1. Ventajas del paradigma
La postura de Sen es clara en ver al desarrollo humano como un proceso de expansión de las libertades de las que disfruta la gente. Este enfoque va más allá de la perspectiva tradicional del desarrollo. Para Sen, se “requiere eliminar las principales fuentes de falta de libertad: la pobreza, al igual que la tiranía, las escasas oportunidades económicas, así como la carencia social sistémica, el descuido de las instalaciones públicas y la tolerancia o la actividad excesiva de los estados represivos” .

En este ámbito, los términos ética y moral, no obstante tener claras diferencias epistemológicas y filosóficas, encuentran el mismo cauce cuando se utilizan como indicativos para proseguir y encaminarse hacia “lo bueno”, “lo correcto”, “lo justo”; es decir, aquellas cosas que pensamos que valen la pena y que nos resulta valioso. Nos interesa evaluar las decisiones éticas, vistas estas como aquellas elecciones en donde nuestra intención y meta es “buscar el bien” .

En este sentido, lo “bueno” del desarrollo deriva del resultado de las decisiones tomadas por los actores del desarrollo. La responsabilidad de lograr las metas del desarrollo descansa en los miembros de la sociedad, que son los agentes del desarrollo. Son los propios actores del desarrollo quienes deben discernir cuáles son los valores inherentes a éste y promover esos valores. Y los actores deben saber que lo bueno del desarrollo se logra también a través de la decisión de trabajar juntos, a través de esfuerzos sostenidos y creativos por el bien común de todos.

Si el desarrollo implica un aumento de libertad, como lo plantea Sen, lo lógico sería que el compromiso de mutua comprensión es una responsabilidad ética primordial, incluso para las instituciones financieras, internas e internacionales.

De acuerdo con lo anterior, cabría preguntarse ¿Cuáles son los valores o principios que pueden guiar el conocimiento y la toma de decisiones para impulsar el desarrollo?

Dado que la libertad constituye el epicentro de toda consideración ética -desde la perspectiva epistemológica y ontológica-, dicho término resulta fundamental para el ejercicio de la responsabilidad moral por parte de los actores del desarrollo.

Según Sen, la expansión de la libertad efectiva de la gente “es vista a la vez (1) como el fin primordial y (2) el medio básico del desarrollo” . La libertad es a la vez un medio y un fin. Es el bien a lograr y el camino para hacerlo. Por ende, es a la vez constitutivo del desarrollo como meta y el instrumento en el proceso de desarrollo. Uno puede lograr la expansión de su libertad, únicamente mediante el ejercicio de la libertad.

Pero cuál sería ahora el principio ético que entra en juego en este enfoque del desarrollo que mira a la libertad como un medio y un fin. Gasper Lo Biondo plantea que es el del “bien común”. Continúa diciendo que “En la sociedad moderna, la gente tiene la libertad de definir su propia identidad y sus propios proyectos de vida. Debido a ello, el bien común se transforma en una noción dinámica. Es el bien que la gente construye y sostiene en común con los demás, mediante su ejercicio de la responsabilidad ética frente a la economía en su totalidad y a la sociedad”. Una manera de expresar esto es diciendo que el bien común “abarca la suma total de la condiciones de la vida social, por medio de la cual los hombres pueden lograr su propia perfección integral de la manera más completa y más fácil” .

Por último hay que indicar que en el proceso de desarrollo el principio que puede guiar el conocimiento y toma de decisión de los actores abarca un aspecto más del bien común, se trata del principio de “solidaridad”.

La solidaridad implica superar las divisiones entre los grupos de intereses. Cuando los actores del desarrollo toman decisiones conforme al valor ético de la solidaridad, trascienden los límites de sus propios intereses y buscan entender el bien que los demás buscan. Este tipo de actitud los lleva a asumir la responsabilidad del proceso de desarrollo y a participar conjuntamente con otros actores en las decisiones que influyen en el curso de la economía y la sociedad. Solidaridad en acción es colaboración .

4.2. Desventajas del Modelo
a) Es un modelo que encuentra dificultades de aplicación en países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde no existe un equilibrio entre capital y fuerza de trabajo;
b) Se necesita de una capacidad efectiva de intervención estatal para realizar la tarea distributiva de la riqueza –lo que ha resultado infructuoso en países con poderes monopólicos y oligopólicos como Guatemala-, pero sin caer en el paternalismo, respetando el principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado;
c) Desde el punto de vista de la cultura política, el modelo de desarrollo humano requiere funcionarios y ciudadanos comprometidos con valores democráticos, en y para el fomento de los derechos fundamentales de la persona, lo que constituye una meta que se ve obstruida por los enfoques autoritarios con los que se sostienen los sistemas y subsistemas políticos y sociales de los países en vías de desarrollo;
d) Es un modelo que se puede ir consolidando en un mediano y largo plazo, pero las coyunturas y apremios de los países en vías de desarrollo menguan la debida planificación y ejecución de planes y proyectos a futuro.


5. COMENTARIO FINAL

Luego del análisis hecho a la teoría del desarrollo humano se ha podido establecer que ésta constituye una variación de los típicos modelos de desarrollo económico, pues también se consideran aspectos sociales, que tienen que ver con una consideración ontológica y humanista de tal paradigma.

Del estudio realizado se puede concluir:

5.1. El concepto de Desarrollo Humano es compatible con el enfoque de las capacidades, el desarrollo sostenible o sustentable y el desarrollo participativo.

5.2. Para varios defensores del ‘desarrollo humano’ queda claro que una mayor producción de bienes y servicios (crecimiento) expande las oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección (libertad); y el crecimiento económico y la mayor libertad contribuyen de manera importante al desarrollo humano. Pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano: “Circulo virtuoso”.

5.3. Se propone que el país debería consolidar un Modelo Liberal Social y Pragmático, referido a un capitalismo moderno, incluyente y con equidad, en el que se hace necesario además retomar algunas ideas de las teorías clásicas aplicadas a la realidad y características nacionales, lo que permite pensar en la consolidación del Modelo de Desarrollo Humano.

5.4. Las fases o procesos por los que debe encaminarse dicho Modelo para ser aplicado en Guatemala, son las siguientes: a) Una política fiscal distributiva de la renta nacional, no confiscatoria ni paternalista, promotora del capitalismo moderno e incluyente; b) Correcta inversión en los factores de la producción; c) Calidad del gasto público; d) Aplicación del principio de subsidiariedad en la intervención económica del Estado; e) En el aspecto superestructural, el Modelo de Desarrollo Humano se consolida a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los Derechos Fundamentales.

ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA MUNDIAL

Estados Unidos de Norteamérica es un país de suma importancia para la historia económica, política y jurídica del mundo, desde la consolidación del Estado moderno hasta la actual época contemporánea.

Estados Unidos nació y se consolidó como un Estado liberal a fines del siglo XVIII D.C.. Su Constitución de 1789 estableció las bases de una sociedad garantista, democrática y promotora del bienestar individual. La búsqueda de la felicidad humana quedo como una quimera planteada en la propia Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia.

A criterio del ensayista, Estados Unidos pasó por tres etapas de suma importancia, que contribuyeron a su consolidación económica y política, para ser considerado una potencia mundial y un paradigma a seguir por los demás países del hemisferio. Esas etapas son: a) los amplios procesos de migración que se suscitaron desde mediados del Siglo XIX a mediados del Siglo XX; b) la estrategia económica del “New Ideal” del Presidente Roosevelt y el impulso del “Plan Marshall” después de la terminación de la II Guerra Mundial; y c) la caída de la URSS y del bloque socialista del este europeo, lo que contribuyó al proceso de liderazgo a nivel mundial del enemigo natural e histórico del socialismo, los Estados Unidos de América.

Durante la primera etapa descrita, se puede decir que esa Nación se gestó a través de un proceso de migraciones provenientes de la Europa central y del sur, cuyos ciudadanos anhelaban prosperidad, obtención de riqueza (sobre todo ante la abundante tierra y recursos naturales que existía en Norte América) y libertad, lo que propició un caldo de cultivo para la formación democrática de ese país, tal y como lo describe Alexis de Toqueville en su excelsa obra “La Democracia en América” .

El proceso de migraciones coadyuvó con el crecimiento económico de Estados Unidos. La migración fue uno de los factores más determinantes del progreso norteamericano desde mediados del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX, lapso en el cual se trasladaron alrededor de 40 millones de personas, constituyéndose en el mayor flujo migratorio de la historia mundial. Los principales alcances de este ciclo “pueden apreciarse directamente en el refuerzo dado a la incipiente expansión económica de la nueva nación y al crecimiento de las grandes ciudades, lo cual aunado al surgimiento de una nueva demanda contribuyó al perfeccionamiento del mercado masivo” .

La segunda etapa de impulso económico estadounidense, puede desprenderse de la estrategia económica de Delano Roosevelt para salir de la crisis mundial de 1929 y el aprovechamiento de las empresas estadounidenses de los beneficios conseguidos con el Plan Marshall, después de la culminación de la II Guerra Mundial.

El Presidente Roosevelt imprimió un alto grado de confianza al electorado y a la sociedad en general. Su estrategia de jalonamiento económico –con intervención estatal- fue el “New Ideal”, ideología inmortalizada por Roosevelt. Este Presidente invirtió grandes cantidades de dinero en infraestructura con el propósito de generar empleo y utilizar la construcción como sector impulsor de la economía y de la sociedad en general .

Con la II Guerra Mundial, los estadounidense aprovecharon sus recursos humanos y de capital disponibles, haciendo de la industria bélica en sus diferentes procesos un foco de empleo y progreso para gran parte del país, no obstante que Estados Unidos participara al final de la guerra, ante la amenaza nazi y el bombardeo de su base naval de Pearl Harbor por los japoneses.

Los norteamericanos durante esa época aprovechó su enorme capacidad técnica de producción y se dedicaron a exportar productos y bienes de capital (automóviles, maquinaria, tecnología, entre otros) demandados en los mercados europeos.

Al terminar la guerra, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall en la economía de post conflicto. Este plan canalizó ayudas por cerca de 13 billones de dólares hacia Europa, pero los EEUU también se vieron ampliamente beneficiados con este flujo de ayuda, pues gracias a la apertura permanente de los mercados y la demanda europeos, obtuvo un superávit en la balanza comercial por valor de alrededor de12.5 billones de dólares.

La tercera etapa -a criterio del autor- como proceso de consolidación de Estados Unidos como potencia mundial, deviene a partir de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –URSS-. Esto convirtió a ese país en el nuevo líder del nuevo orden mundial merced de su hegemonía económica, su capacidad bélica y el control de las instituciones supranacionales (Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, los Tratados de Libre Comercio, el Banco Mundial, el BID, etc.).

Su fiel estrategia ha sido el impulso de la industria bélica, ahora enfatizada en la lucha internacional contra el terrorismo y el narcotráfico (en otrora fue la lucha contrainsurgente), lo que lo ha llevado a intervenir drásticamente en ciertos escenarios convulsivos: Irak, Afganistán, conflicto Israel-Palestina, Irán, Corea del Norte, Colombia, Cuba, Venezuela, entre otros; imponiendo de esta forma su modelo económico, político pero también socio-cultural, lo que constituye el proceso último de su arquetipo imperial.

LA SITUACIÓN DE LOS DESC Y EN ESPECIAL EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN GUATEMALA

“Reconociendo que, con arreglo a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse
el ideal de ser humano libre, liberado del temor y
la miseria, a menos que se creen condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos” (cuarto párrafo del preámbulo
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales).


1. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y el Derecho Humano al Desarrollo

1.1. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales: Su protección internacional, regional y nacional

El tema de los DESC ha sido ampliamente desarrollado en la actualidad por diversos instrumentos nacionales e internacionales. Es dable recordar, que la reivindicación de dichos derechos inició con el movimiento de la Comuna de París en 1848 y fueron una de las exigencias de la denominada “Internacional Socialista”, pero también fueron reclamados por los ideológicos de la Social Democracia.

Fue a inicios del Siglo XX, en donde adquieren el carácter de derechos positivos los DESC, en instrumentos legales de orden interno. A guisa de ejemplo se puede mencionar, que en el ámbito de los Estados, se promulgaron los siguientes: la Constitución Mexicana de Querétaro de 1910, la Constitución Alemana de Weimar de 1919, la Constitución de Guatemala de 1945 (éstas con una orientación social demócrata), la Constitución Rusa consagrada después de la revolución bolchevique, la de China y la cubana –de corte socialista-, son algunos ejemplos.

Es en esos momentos en donde empieza a existir una concreción del movimiento social y obrero, por medio del cual va surgiendo el concepto de los derechos sociales y comienzan los gobiernos por reconocer las conquistas obreras, en especial las relacionadas con el derecho laboral .

Se propició una dimensión colectiva del ser humano (no como la individualista desarrollada en los inicios de la modernidad), que ve a la persona no como alguien enmarcado en su problemática individual sino también en su interacción con los demás, en la solución de sus necesidades básicas y sociales. En esta acepción al individuo se le concibe como parte de un conglomerado social que puede y pudo haber valer derechos que por su generalidad, son indispensables para el desarrollo equitativo y justo de la sociedad . Los DESC se comprenden pertenecientes a todo ser humano, por contribuir al desarrollo integral de la persona humana.

En el ámbito internacional, los DESC se desarrollaron con la concepción universalista de los Derechos Humanos de mediados del siglo XX. Se puede citar especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo instrumento de ratificación fue depositado por Guatemala el 5 de octubre de 2000.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce dentro de los DESC:
• El derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 22);
• El derecho al trabajo, a su libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias (artículo 23);
• El derecho al descanso, disfrute del tiempo libre y vacaciones periódicas pagadas (artículo 24);
• El derecho a la educación, que debe ser gratuita y obligatoria en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental; a la instrucción técnica y profesional y el acceso a los estudios superiores para todos en función de los méritos respectivos (artículo 26);
• Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (artículo 27).

El Pacto Internacional en materia de DESC, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, es coincidente con la Declaración Universal. Podemos describir los siguientes derechos que regula: derecho a fundar sindicatos, a sindicalizarse y el derecho a la huelga (artículo 8), a la seguridad social y al seguro social (artículo 9), protección y asistencia a la familia, a las madres durante la gestación, a niños y adolescentes, derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, con alimentación, vestido y vivienda y a una mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud física y mental (artículos 10 al 14), entre otros.

Como lo sostiene la licenciada Carmen Gutiérrez de Colmenares “a diferencia de la Declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en un solo artículo, el 26, se refiere a estos derechos e indica que los Estados Parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura (…) en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados (…) y se contenta, para llenar ese vacío legal, con remitir a las normas económicas, sociales y culturales contenidas en los artículos del 29 al 50 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires ”.

A menudo se interpreta que el “término de ´obligación progresiva´ incluido en el Pacto, significa que sólo una vez que un Estado haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo económico deben hacerse efectivos los derechos proclamados en el Pacto. Pero al contrario, el deber en cuestión obliga a todos los Estados Partes, independientemente de cuál sea su nivel de riqueza nacional, a avanzar de inmediato y los más rápidamente posible hacia la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. La interpretación de esta cláusula nunca debe conducir a pensar que permite a los Estados aplazar indefinidamente sus esfuerzos para asegurar el goce de los derechos proclamados en el Pacto ”.

Siguiendo con la explicación de dicho término, se puede decir que “Mientras que determinados derechos, por su propia naturaleza, pueden prestarse más a hacerse efectivos en función de la ´obligación progresiva´, está claro que muchas de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto han de cumplirse inmediatamente. Esto se aplicaría en particular a las disposiciones no discriminatorias y a la obligación de los Estados Partes de abstenerse de violar activamente derechos económicos, sociales y culturales o de anular las medidas protectoras legales o de otro tipo relacionadas con esos derechos ”.

El Pacto Internacional obliga a los Estados Parte a presentar informes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados para asegurar el respeto a los derechos que el mismo reconoce. Estos se remiten al Secretario General de la ONU, quien enviará copias al Consejo Económico y Social para que los examine y emita recomendaciones de carácter general o informativo, según proceda.

El Pacto Internacional en materia de DESC carecía en su origen de un mecanismo efectivo de vigilancia para el respeto y promoción de los mismos, como sí se hacía en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, los que contienen un Comité y un sistema de peticiones individuales. Ante ello, en 1985 se creó un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el cual no se contemplaba originalmente en el Pacto Internacional), a raíz de la defectuosa acción de dos órganos a los que se había encomendado la vigilancia del Pacto, integrado por dieciocho (18) expertos de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Los miembros del Comité son independientes y actúan a título personal, no como representantes de los gobiernos. El propio Comité elige su Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator. Los miembros del Comité son elegidos por el Consejo Económico y Social para un mandato de cuatro años y pueden ser reelegidos si se les selecciona para ello. El Comité es un órgano subsidiario del Consejo ECOSOC y su autoridad oficial dimana de ese órgano.

La función primordial del Comité es vigilar la aplicación del Pacto por los Estados Partes. Para ello se esfuerza en fomentar un diálogo constructivo con los Estados Partes y procura determinar por diversos medios si los Estados Partes aplican adecuadamente o no las normas contenidas en el Pacto, y cómo podrían mejorarse la aplicación y el cumplimiento del Pacto para que todas las personas con derecho a gozar de los derechos consagrados en el Pacto puedan efectivamente gozar de ellos.

El Comité también puede ayudar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto, formulando sugerencias y recomendaciones específicas legislativas, de política y de otra índole, para la realización más eficaz de los DESC.

A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace mención del desarrollo progresivo de los DESC, en uno sólo de sus artículo, el 26. Eso denota la poca relevancia que se dio a inicios al tratamiento de los DESC, es por ello, que como ocurrió a nivel internacional, en el ámbito regional se hizo menester la aprobación de un Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por la Asamblea General de la OEA en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

En dicho Protocolo Adicional se guarda similitud con los derechos que protege el Pacto Internacional. En el Protocolo se reafirma la indisolubilidad de los derechos humanos, además, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre Estados, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, para lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los DESC.

Se pueden mencionar dos aspectos relevantes del Protocolo Adicional:
• La implementación de un sistema de peticiones individuales en el artículo 19.6 del Protocolo , que puede ser mejor desarrollado y ampliado con el devenir del tiempo;
• Que los Estados Parte del Protocolo se comprometen a presentar al Secretario General de la OEA, informes periódicos para los Consejos Interamericanos Económico y Social; de la Educación, la Ciencia y la Cultura; y de Derechos Humanos, respecto de las medidas progresivas adoptadas para asegurar el debido respeto a estos derechos, a fin que sean examinadas y emitan recomendaciones.

A nivel nacional, la Constitución Política de Guatemala de 1985, reconoce los siguientes DESC:
• Derecho a la protección y asistencia para la familia, las madres, menores y ancianos, se agrega la protección a los minusválidos (artículo 47 al 56);
• Derechos Culturales (artículos 57 al 65);
• Respeto a las formas de vida, costumbres, tradiciones formas de organización social, uso del traje indígena e idiomas de las comunidades indígenas (artículos 66 al 70);
• Derecho al deporte (artículo 91 y 92);
• Derecho a la salud, seguridad y asistencia social (artículos 93 al 99);
• Derecho a la seguridad social (artículo 100);
• Derecho al trabajo y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 101 al 106);
• Derechos sindicales (artículo 102 incisos q y r);
• Derecho de huelga y de paro (artículos 104 y 106);
• Derechos de los trabajadores del Estado (artículos 107 al 117);
• Derecho a un nivel de vida adecuado (artículos 118 y 119).

De acuerdo con la licenciada Gutiérrez de Colmenares, la Constitución de 1985 tiene un fuerte contenido humanista. En el Preámbulo se reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. En cuanto a los principios del régimen económico y social (artículo 118) señala que se fundan en principios de justicia social, obligando al Estado a orientar la economía nacional.

De esos principios se derivan una serie de obligaciones del Estado, entre las que destacan: promover el desarrollo económico de la Nación, a través de estimular la iniciativa en actividades agrícolas, industriales, turísticas y de otra naturaleza; fomentar la descentralización económica y administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional; velar por el nivel de vida de todos los habitantes; fomentar con prioridad la construcción de vivienda popular; procurar la defensa de los consumidores; impulsar activamente programas de desarrollo rural; crear las condiciones adecuadas para estimular la inversión de capital extranjero, la formación de capital, el ahorro y la inversión.


1.2. El reconocimiento del Derecho Humano al Desarrollo

1.2.1. La construcción conceptual del desarrollo humano

El concepto de desarrollo humano se ha venido vinculando con el derecho al desarrollo como un derecho humano. El desarrollo humano se entendió originalmente como “un proceso en el cual se amplían las opciones del ser humano” con el fin de lograr una vida prolongada y saludable, la adquisición de conocimientos y acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente .

Con el tiempo se estableció que el índice IDH debe incluir no sólo aspectos de medición económica y social (crecimiento económico, PIB, satisfacción de necesidades humanas básicas), sino agregar aspectos como libertad humana, avances en el ámbito cultural.

El desarrollo humano busca ampliar la gama de opciones de las personas. Al integrar los indicadores de educación, salud e ingresos, el índice IDH constituye un nuevo criterio para la evaluación del progreso humano que nos permite medir el desarrollo de una manera tal que no se limita únicamente a la búsqueda del crecimiento económico; o sea, nos ofrece una medición mucho más comprensiva que simplemente el PIB . El Informe de Desarrollo Humano de 1992 destacó, en ese sentido, la desigualdad agravada de las condiciones competitivas entre países ricos y pobres en el mercado internacional, por ende, planteó el establecimiento de una red de seguridad social para los necesitados y consultas globales tendientes a un nuevo “pacto internacional” sobre desarrollo humano, el cual colocaría al ser humano en primer lugar en las políticas nacionales y la cooperación internacional para el desarrollo .

En realidad, la perspectiva de los informes del PNUD, al igual que la Declaración sobre el Desarrollo de Naciones Unidas de 1986, coloca el concepto de desarrollo humano en la esfera de los derechos humanos y enfatiza la interrelación entre los derechos políticos, económicos y sociales.

El concepto de desarrollo humano tiene que ver con la aplicación de los derechos humanos, además no se limita a ciertos sectores sociales (como la educación y salud), el desarrollo humano apunta a la necesidad de desarrollar las capacidades humanas: la misma libertad –en una democracia- constituye un componente esencial del desarrollo humano .

En la Declaración y Programa de Acción de Viena, se fortalece lo anterior, al señalar la necesidad de fortalecer la trilogía democracia / desarrollo / derechos humanos, lo que exige la eliminación de la pobreza y la exclusión social como una alta prioridad. Es por ello, que el Informe del PNUD de 1993, se centró en la participación (a través de mercados, gobiernos y organizaciones comunitarias) como un elemento esencial del desarrollo humano, una vez más, “la pobreza constituye un enorme obstáculo a la participación, sea dentro o entre naciones ”.

En conclusión, el desarrollo humano debe centrarse en los componentes de desarrollo del pueblo (inversión en capacidades humanas) y a favor del pueblo (asegurar que el crecimiento económico se distribuya amplia y justamente), y el desarrollo por el pueblo (dar a todos la oportunidad de participar). Las consecuencias de colocar al público en el centro del cambio político y económico son considerables y desafían los conceptos tradicionales: se pasa por ejemplo de la seguridad de naciones a la seguridad de los pueblos (alimentación, empleo, medio ambiente seguro), de viejos modelos de desarrollo a nuevos modelos de desarrollo humano sustentable, de anticuados modos de cooperación internacional a nuevas formas de la misma centradas en las necesidades del pueblo. Así también, debe colocar un nuevo énfasis en la capacitación (empowerment) del pueblo y el fortalecimiento de la democracia, factores que incidente directamente en la protección ambiental, los derechos humanos y el desarrollo sustentable .

1.2.2. El reconocimiento del Desarrollo como un Derecho Humano

En la actualidad existen diversas fuentes que reconocen el derecho al desarrollo como un derecho humano. Se pueden mencionar como tales, las siguientes:
• La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), que dispuso que todos los pueblos tienen derecho a su desarrollo económico, social y cultural (artículo 22);
• La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 de Naciones Unidas, la que no sólo coloca a la persona humana como el “sujeto central del desarrollo”, sino también califica el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable de “todos los seres humanos y todos los pueblos”, en virtud del cual están “facultados para participar en, contribuir a, y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político”, en el que “puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos”;
• En la Conferencia de Río de 1992 y en la de Viena de 1993, se hicieron también aportes decisivos para la cristalización del derecho al desarrollo;
• La Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), afirma que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (principio 3);
• La Decisión 48/141 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la cual se creó el puesto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En su preámbulo, inter alia, se afirma que “el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable que constituye parte fundamental de los derechos de la persona humana”.

Este reconocimiento del derecho al desarrollo como un derecho humano sólo puede y pudo haberse entendido a la luz de la unidad de concepción e indivisibilidad de los derechos humanos.


2. Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Emilio Mignone –citado por Carmen Gutiérrez - indica que el acontecimiento más significativo de la década de los noventa consiste en la creciente conciencia universal acerca de la necesaria ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales y a su protección. En efecto, la problemática actual a ese respecto no era perceptible tan claramente en la época de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional en materia de DESC.

Habiéndose superado la dualidad entre derechos individuales y sociales y al ser proclamada la indivisibilidad de ambos espectros en la Conferencia de Derechos de Teherán (1968), se consolidó un buen paso para la protección y consecuente exigibilidad de los DESC tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Como lo sostiene Carmen Gutiérrez, todos los derechos humanos requieren acciones del Estado que aseguren su respeto, absteniéndose de actuar en contrario; y su protección, al aplicar medidas que aseguren su disfrute efectivo.

Víctor Abramovich señala que la condición de exigibilidad requiere identificar las obligaciones mínimas de los Estados. En relación con los DESC, de su estructura se desprende que las obligaciones estatales se caracterizan por un hacer, es decir brindar prestaciones positivas o derechos de prestación.

Las obligaciones respecto a estos derechos son de comportamiento, sostiene Pedro Nikken: Su realización no depende de la sola instauración de un orden jurídico ni de la mera decisión política de los órganos gubernamentales, sino de la conquista de un orden social donde impere la justa distribución de los bienes, lo cual sólo puede alcanzarse progresivamente . La violación no depende de un acto sino de una omisión, muchas veces condicionada a la existencia de recursos que permitan la satisfacción de estos derechos; para establecer que un Estado ha violado alguno de estos derechos no basta comprobar que no está vigente, sino se debe demostrar que el poder público no ha alcanzado los adelantos técnicos apropiados.

A nivel internacional, como se ha visto, existen algunos adelantos en cuanto a la exigibilidad de los DESC, pues en el Pacto Internacional actualmente no sólo se establece el procedimiento convencional de informes periódicos para evaluar el grado de cumplimiento de un Estado con respecto a sus obligaciones con respecto al Tratado; sino que además, se ha creado un Comité Especial de DESC, el que durante sus reuniones, entabla un diálogo directo con los Estados para evaluar sus medidas progresivas a favor de los DESC, y emite sus observaciones y recomendaciones respectivas, las que deben ser cumplidas de buena fe y apegándose al principio pacta sunt servanda por los Estados.

A nivel regional, la Convención Americana contiene un solo artículo referido a los DESC, el artículo 26 . Este puede ser integrado con el artículo 42 de la Convención que dispone la obligación de los Estados partes de remitir a la Comisión Interamericana los informes y estudios que ellos someten al Consejo Económico y Social y al de Educación, Ciencia y Cultura “a fin de que aquella (la Comisión) vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos” .

Lo primero a advertir es que el artículo 26 no tiene una identificación clara de qué derechos protege, la función del intérprete será precisarlos haciendo una integración con las disposiciones contenidas en la Carta de la OEA. Otra vicisitud que se puede entrever es sí el artículo 26 sólo impone la obligación de emitir providencias para lograr progresivamente la efectividad de los DESC.

Pero hay opiniones que sostienen que los artículos 1 y 2 son aplicables al artículo 26. Christian Courtis –citado por Cecilia Medina - sostiene que “sobre la aplicabilidad de los artículos 1 y 2 de la Convención a los derechos económicos, sociales y culturales que surgen del artículo 26, no parece caber la menor duda”. Estos dos artículos encabezan la Convención, de modo que si éstas normas se refieren a los derechos y libertades reconocidos en la misma, no tiene porqué entenderse que se refieran sólo a los derechos del Capítulo II; en el mismo sentido, podría sostenerse que la interpretación de la normas que consagran derechos humanos debe ser siempre pro persona.

Sin embargo, Cecilia Medina va más allá de la simple conexión entre el artículos 26 con el 1 y 2 de la Convención Americana, pues ello implicaría el hecho del reconocimiento de la obligación de implementar medidas progresivas por los Estados a favor de los DESC, la solución más de fondo –señala la autora- es que los Estados se obliguen a respetar y garantizar un estandar mínimo . La idea de protección de los DESC, inexorablemente tuvo que ser superada a la luz de la parquedad de la Convención, es por ello que resulta importante la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Protocolo de San Salvador, pues esto refuerza y avanza el contenido de la norma del artículo 26 convencional.

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de DESC, han quedado dos mecanismos que devienen de la entrada en vigor del mismo: el sistema de peticiones individuales en materia de libertad sindical y derecho a la educación, que pueden ventilarse en el seno de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, según sea el caso; y el de informes periódicos de los Estados parte, para los Consejos Interamericanos Económico y Social; de la Educación, la Ciencia y la Cultura; y de Derechos Humanos.

A nivel nacional, los Estados –sostiene Gutiérrez de Colmenares - deben contener disposiciones constitucionales de carácter general, las que están presentes también en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, que otorgan al titular de un derecho, recursos para exigir respuesta a su demanda mediante procedimientos administrativos de reclamo judicial por las fallas de hecho o de derecho en que haya incurrido la administración (vía contencioso-administrativa) y de evitar su violación o asegurar su restitución (amparo). También, la acción de inconstitucionalidad contra leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general se utilizan en algunos países en casos de violación a estos derechos.

En materia de amparo, por ejemplo, se han presentado acciones de amparo interpuestos a favor de menores de edad, para proteger su derecho a la educación, en una de ellas por impedir la inscripción de una estudiante para un nuevo ciclo lectivo, en otra por exceso en la aplicación de medidas disciplinarias (expulsión) a dos estudiantes. En los fallos, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que se viola ese derecho cuando las normas reglamentarias o disciplinarias de los centros educativos que se apliquen a menores de edad no guardan coherencia con los valores, principios y normas del Estado Constitucional de Derecho y de la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño (expedientes 291-97 y 787-2000).

En el caso de inconstitucionalidad de leyes y referente a la protección del derecho a la salud, la Corte declaró inconstitucional una ley de liberación de importación de medicinas, en el que reconoce: “el derecho a la salud y a la protección de la salud, por el que todo ser humano a disfrutar de un equilibrio biológico y social que constituya un estado de bienestar en relación con el medio que lo rodea; implica el poder tener acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o la restitución del bienestar físico, mental y social (…) esta Corte advierte que la mencionada Ley viola la Constitución porque: 1) releva al Estado de su obligación constitucional, contenida en el artículo 96, de controlar los productos que puedan afectar la salud, que ha venido realizándose mediante el registro sanitario y mediante la aplicación, entre otras, de las normas del Código de Salud (…)”. (Expedientes acumulados 355-92 y 359-92).

Sobre la protección de los derechos de los trabajadores también se ha pronunciado en variadas ocasiones la Corte, especialmente en acciones de amparo, orientando la interpretación de los jueces laborales a los principios y normas que contiene la Constitución con relación al derecho de trabajo. Además, ha declarado con lugar acciones de amparo, cuando a los trabajadores se les ha despedido sin darles la audiencia correspondiente que regula la Constitución Política, dentro de las garantías del derecho de defensa.

Por último, se puede indicar la labor que realiza el Procurador de los Derechos Humanos, quien tiene atribuciones para velar por la protección (a nivel judicial y administrativo) de los derechos humanos de carácter individual y de los DESC, a través de las atribuciones que le confiere la Constitución Política .

3. El Derecho Humano a la Alimentación y a la Seguridad Alimentaria

El Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, 2002, ha dicho que el derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano, inherente a todas las personas, que consiste en “tener acceso regular, permanente y sin restricción, directamente o por medio de compras financieras, de alimentos adecuados y suficientes en cantidad y calidad que corresponda a las tradiciones culturales de las personas que las consumen, asegurando la realización física y mental, individual y colectiva de una vida libre de miedos.”

Luego de brindar una definición acerca del derecho a una alimentación adecuada, es necesario matizar también los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria:
• La Seguridad Alimentaria, a nivel individual, familiar, nacional, regional y global se realiza cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias para una vida activa y sana
• La soberanía alimentaria es el derecho de los gobiernos nacionales a:
o Definir su propia alimentación y agricultura;
o Proteger y regular la producción agrícola local y negociar de tal manera que se logren los objetivos del desarrollo sostenible;
o Determinar hasta qué punto quieren ser independientes;
o Restringir la salida de productos de sus mercados; y
o Dar a las comunidades locales basadas en la pesca la prioridad del manejo del uso de los recursos acuáticos.

La soberanía alimentaria no niega la comercialización, sino más bien promueve la formulación de políticas y prácticas de negociación que sirvan a los derechos de las personas a la alimentación, y asegurar una producción sostenible, ecológica y saludable.

En síntesis se puede decir que:

a) El derecho a una alimentación adecuada, es un concepto legal basado en los principios de los derechos humanos, que se focalizan en los individuos como titulares de derechos, sobre todo el hambriento o sub-nutrido;
b) La soberanía alimentaria, es un concepto político que se centra en las necesidades de los pequeños productores y su derecho a producir;
c) La seguridad alimentaria, es un concepto técnico basado en las necesidades de grupos vulnerables, a través de programas y políticas.

Lo que debe garantizarse en pro del respeto y promoción del derecho a la alimentación adecuada, es lo siguiente:

• Disponibilidad de Alimentos: Directamente de tierra productiva (producción agrícola, pecuaria) o de recursos naturales (caza, pesca, recolecta); o, Alimentos frescos o procesados obtenidos en mercados y tiendas.
• Alimentos y alimentación adecuados: Patrones dietéticos y de consumo apropiados; Alimentos libres de substancias adversas (patógenos, toxinas, contaminantes, residuos, etc.); Incluye valores de preparación de alimentos y consumo (sabor, apariencia, frescura, palatabilidad) así como aceptabilidad cultural.
• Acceso a Alimentos. A través de:
o Medios financieros personales o familiares para comprar alimentos para una dieta adecuada (satisfacer las necesidades dietéticas individuales y familiares por todo el año).
o Accesible a todos, incluyendo grupos e individuos vulnerables.
o Accesible en todas partes, incluso en áreas remotas.
o Accesible a víctimas de desastres, conflictos armados, grupos indígenas, étnicos, etc.

Un enfoque novedoso en el derecho a una adecuada alimentación hace de los grupos vulnerables el centro de la atención y se enfoca sus derechos humanos. Apela por una acción responsable de todos los miembros de la sociedad, incluyendo al sector privado, el cual ha estado alejado en la periferia de los programas de desarrollo. La sociedad civil reclama por un cambio y redirección de las anteriores fuerzas mencionadas hacia beneficios sociales equitativos.

3.1. El papel de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Los Estados que aceptaron la Constitución de la FAO, se pronunciaron, decididos a fomentar el bienestar general intensificando por su parte la acción individual y colectiva a los fines de: “elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos… y contribuir así a …liberar del hambre a la humanidad”.

En la Cumbre Mundial para la Alimentación (1996) Declaración de Roma, quedo asentado:
“Nosotros, los jefes de Estados y Gobiernos... reafirmamos el derecho de cada uno a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, concordando con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental de cada uno de no padecer hambre”.

Desde este evento, FAO se implicó activamente en la promoción del Derecho a una Alimentación Adecuada.

En el marco estratégico de la FAO 2000-2015, se establece: a) Un enfoque para la seguridad alimentaria basado en los Derechos Humanos; b) Se pretende asegurar el acceso de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, como se aprobó por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en la Declaración de Roma.

La estrategia de implementación del Derecho a la Alimentación de la FAO, pretende:
• Fomentar la comprensión del derecho a la alimentación y de los enfoques basados en los derechos humanos, así como difundir su utilización por parte de todo el personal de la FAO en su trabajo;

• Elaborar métodos e instrumentos para ayudar a las partes interesadas en la realización del derecho a la alimentación;

• Informar y educar para que los titulares de derechos y deberes, la sociedad civil y el público en general sean más conscientes del derecho a la alimentación y lo comprendan mejor;

• Prestar apoyo a las primeras fases de la aplicación del derecho a la alimentación y de las Directrices.


4. Pobreza, Hambre y Desnutrición en Guatemala

4.1. Pobreza y Desarrollo

A pesar del conocimiento general de que cada uno de los términos indicados, pobreza y desarrollo, implican conceptos diferenciados y tratados con una metodología propia, es dable agruparlos en esta ocasión, solamente con el objeto de hacer perceptible lo vinculante que es para el Desarrollo de un Estado o varios Estados (región) el combate a la pobreza y desigualdad, sobre todo en un escenario en donde lo macro, lo global, el diseño de un Estado mínimo invisibiliza lo micro-social, las comunidades y sus necesidades.

El Desarrollo podría irse configurando –en criterio del ensayista- en función de cuatro dinámicas coherentes: a) Consolidación del Estado de Derecho, que implique una división de poderes, legitimidad popular del gobierno, legalidad de la administración pública, respeto y promoción de los Derechos Humanos; b) estabilidad económica; c) combate a la pobreza y desigualdad; d) Gobernabilidad democrática y participación ciudadana.

En este estudio nos centraremos a analizar el punto tercero.

Según Simmel –citado por Edgar Mendoza - se puede definir como pobre “Aquel cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines y alivio de sus necesidades, el pobre, sociológicamente es el individuo que recibe socorro a causa de esa falta de recursos”.

La pobreza no sólo se traduce en la descripción enunciativa de una serie de datos estadísticos sino que se configura también como una derivación de un proceso histórico de marginalidad, exclusión y discriminación.

El ser “pobre” no implica solamente un dato económico de su subsistencia diaria , sino incluye todo un fenómeno estructural que repercute:
• En su status de ciudadanía. Es sabido, que una persona sin acceso a oportunidades de educación y acceso a la cultura, mengua su capacidad de poder ejercer y comprender sus derechos y deberes frente a la sociedad y el Estado;
• Su status económico – social: El ser pobre implica -de acuerdo con la “teoría de la marginalidad”-, estar dentro de una masa fuera de la estructura económica lejos del proceso productivo de un país, y por ende, sin posibilidades de acceder a oportunidades de mejoramiento en su calidad de vida. Además, lo hace endeble en el mercado laboral, para potenciar sus pericias y capacidades.
• La apropiación de su identidad étnica o de clase. El ser pobre implica un desmedro en la dignidad de la persona humana, que hace que aquél desconozca o pierda el interés de reivindicar sus rasgos identitarios, ontológicos o ideológicos con su comunidad, etnia o clase social a la que pertenezca; lo que implica que en volumen exista poco poder de transformación, exigencia y lucha de los colectivos sumidos en pobreza y pobreza extrema.
• La pobreza también es una consecuencia derivada de un proceso histórico de marginación y exclusión social de ciertos sectores o grupos.

Siguiendo una línea apegada a la sociología del conocimiento de Mannheim –citado por Mendoza -, se puede encontrar una secuencia histórico social de la pobreza, también de quiénes son los permanentemente afectados por la pobreza provocada por un sistema económico determinado y dominante, o la pobreza como una secuela de conflictos y tensiones entre grupos que conservan las formas políticas y sociales de un Estado.

Acercándonos a esta visión cognoscitiva de la pobreza de Mannheim y haciendo énfasis en el caso guatemalteco, podemos saber quienes han sido los históricamente pobres, es decir los miembros de los grupos y pueblos indígenas , aquellos que han sido por siglos sometidos a explotación e incluso condiciones de servidumbre, desde la conquista, colonia, reforma liberal hasta mediados del siglo XX.

Durante esas épocas se dio la expoliación agravada de la mano de obra indígena, en muchas ocasiones mediante el trabajo forzado, el trabajo poco remunerado o las prácticas feudales del trabajo en especie o mediante usufructo. La decadencia económica de los grupos indígenas tiene varias aristas, derivado del aprovechamiento de todas sus riquezas originarias: tierra, recursos naturales y minerales, los que fueron arrebatados, invadidos, usurpados durante la conquista, culminando fatalmente con la reforma liberal que irrumpió incluso con la tierra comunitaria y los ejidos de los llamados “pueblos de indios”.

Pero la pobreza hoy en Guatemala, no sólo afecta al conglomerado indígena, como veremos at infra, ha dañado –sobre todo a partir de las políticas de intervención mínima estatal- a grupos de clase media que se han desplazado a la línea trazada por la pobreza.

Como se ha descrito, la pobreza en Guatemala se le considera históricamente estructural y ha adquirido diferentes formas en el transcurso del tiempo. Su mantenimiento crónico se debe a políticas económicas y sociales desiguales.

Durante el contexto del conflicto armado en Guatemala, la crisis económica agudizó la pobreza en el país, especialmente en el período de 1970-1990. Esto en virtud de la política de sustitución de importaciones, la mecanización en el agro, el movimiento insurgente, la dictadura militar, el aumento de desempleo, la poca inversión nacional y foránea, políticas económicas cerradas, represión, abandono del área rural, la depreciación de la moneda, el inicio de las políticas de estabilización y ajuste estructural, y otros factores que en conjunto hicieron cada vez más visible la pobreza en el país, flaqueando con toda forma de gobernabilidad democrática. La situación anterior sólo favoreció al sector oligárquico – agroexportador del país.

En la década de los años ´90, aparece lo que Mendoza denomina la nueva pobreza o pauperización creciente, surgida de los paradigmas monetaristas de privatización y desempleo del sector público del Estado, trayendo a escena un nuevo fenómeno, la economía informal. Para mayor documentación de esta nueva etapa, se puede revisar el estudio realizado por FLACSO Costa Rica, sobre la nueva pobreza o los nuevos pobres, es decir, los grupos que no eran pobres pero que ahora están debajo o en la línea de la pobreza.

A parte de la denominada economía informal, surge un concepto novedoso pero debatible, la llamada cultura de la pobreza planteada por Oscar Lewis.

La pobreza como contexto va teniendo también un efecto post-social, pues ya no sólo se hace mención de los grandes retos macro económicos para solventar la pobreza, sino que en la actualidad se plantea la necesidad de estudios micro-sociales sobre el objeto de estudio. Esa perspectiva micro-social se puede percibir en el abordaje de los conceptos de economía informal y cultura de la pobreza.

Según el Programa Regional del Empleo en América Latina y el Caribe PREALC, la economía informal ha surgido dentro de varios aspectos de: a) la estrechez del mercado, mayor importación; b) el contexto de la trasnacionalización; c) el progreso técnico en la era global; d) menos espacio de venta, ya que el sector económico formal ocupa mayores espacios; e) desempleo; f) el salario no es la única forma de remuneración; g) estructura económica heterógenea .

La cultura de pobreza fue propuesta por el antropólogo Oscar Lewis y constituye un desdoblamiento de la teoría de la marginalidad. La cultura de la pobreza lleva en si misma los procesos de socialización, psicología y relación con la economía y la sociedad, un estado de perpetua penuria en relación con aspectos culturales, el pobre perpetua su propia pobreza porque no quiere salir de ella y se transmite de generación a generación. Para Lewis, la cultura de la pobreza tiene un sentido antropológico de normas, valores, conocimientos, adaptación al medio y símbolos. La propia falta de organización del pobre y de participación, lo lleva a una desorganización social. Se critica a este modelo, pues en él no aparecen las relaciones de poder, ni de clase social ni las pugnas o contradicciones que genera el capitalismo.

4.2. La problemática del hambre y la desnutrición en Guatemala

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano presentado por el PNUD en 2002, se presenta un panorama desolador de la pobreza en Guatemala. Luego de la afirmación de la acentuación de la pobreza en un 56% de la población, dentro de dicho porcentaje se conoce que el 76% de los pobres son indígenas, comúnmente del área rural del país y el 26% de este grupo, se encuentra en situación de extrema pobreza.

La pobreza se vino incrementando a fines de la década pasada como producto de la crisis del café, la sequía, y en general, como resultado de una reducción del ingreso por habitante. Junto con la pobreza hubo un incremento en la inseguridad alimentaria .

En cuanto a disponibilidad de alimentos, la población guatemalteca se vio afectada por los factores indicados (sin que exista al momento una variación sustancial, en los pobres y más pobres), en primer lugar y a diferencia de la mayor parte del resto de América Latina, donde la oferta media de calorías alcanzaba 2802 calorías por persona a fines de la década de los ´90, en Guatemala la oferta de calorías alcanzaba solamente 2159 por habitante en 1998. En segundo lugar, la producción de granos básicos (cereales) se redujo durante la década de los noventa, especialmente si se mide en términos de la producción por habitante. Como contraparte, aumentó la importación de alimentos en general y de granos básicos en particular. Ello se dio, en parte, como resultado de un proceso de apertura y de apreciación cambiaria, que abarataron las importaciones e incidieron negativamente en los incentivos para producir para el mercado nacional. La disminución de la producción se vio compensada por el aumento de importaciones, con lo que la oferta de alimentos a nivel nacional no necesariamente disminuyó, aunque sí introdujo un mayor grado de incertidumbre acerca de su disponibilidad .

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2002) se deja en claro la situación de desnutrición y falta de acceso a alimentos en el país:
“La extrema desigualdad del ingreso en Guatemala implica que aunque existieran suficientes alimentos disponibles, habría una proporción importante de la población que no tendría la capacidad de adquirirlos, por insuficiencia de ingresos. En efecto, el principal condicionante del acceso a alimentos ha sido el grado de pobreza. De acuerdo con datos de la ENCOVI 2000 el 80.8% de los menores de 5 años afectados por desnutrición crónica (es decir, con talla menor a la que correspondería de acuerdo con su edad) y el 84.5% de aquellos afectados por la desnutrición global (con menor peso al que correspondería a su edad) estaban en una situación de pobreza. Resulta significativo que la mayor proporción de niños afectados por la desnutrición se encontraba entre los pobres no extremos, es decir, no se encontraban solamente entre los hogares con insuficientes ingresos para adquirir las calorías mínimas (2,172) que se requieren para vivir adecuadamente.
Dado que la pobreza ha sido mayor en el área rural y entre la población indígena, la desnutrición también ha sido mayor entre población rural e indígena. Así, según la ENCOVI, en el 2000 el 49.4% de la población rural estaba en una situación de desnutrición reflejada en un retardo de talla (tomando en cuenta su edad), en contraste con 30.9% en el área urbana. Entre la población indígena el porcentaje equivalente era de 57.3% y entre los no indígenas del 31.6%, siendo levemente mayor entre mujeres (43.8%), que entre hombres (43.0%)”.

Por último, es deplorable mencionar que Guatemala se constituye en un país con basto atraso en lo relacionado a un derecho a alimentación y seguridad alimentaria, en virtud que los índices de desnutrición crónica son bastante elevados, y existen con una tendencia muy leve a la baja: Del 57.9 % en 1987, se pasó a un 49.7 % en 1995, a un 46.4% en 1998-1999, y el 43.1 % para el año 2000, según los datos recogidos por el Informe Nacional de 2002.

MSc. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez*
Abogado Consultor y Asesor

*Ponencia presentada en representación de COPREDEH en ocasión del Seminario “Protección Constitucional y Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en especial del Derecho a la Alimentación en Guatemala”, organizado por la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, la Agencia de Cooperación Austríaca para el Desarrollo –ADA-, la Comisión Internacional de Juristas, FIAN-Internacional y FIAN-Austria. Guatemala, 15-16 de noviembre de 2007.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y EL CAMINO HACIA LA INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE

El 20 de octubre de 1944 se gestó una revolución democrática, en la cual convergieron una diversidad de sectores sociales: estudiantes, sindicalistas, intelectuales, empresarios, maestros, otros; quienes lograron derrocar a la dictadura ubiquista. En marzo de 1945 entró en vigor la nueva Constitución de la República y ascendió al poder, un intelectual, profesionista, no vinculado con la estructura militar: el Dr. Juan José Arévalo.

El Gobierno de Arévalo, respondió claramente a las necesidades sociales y de modernización capitalista largamente sentidas, sobre todo a raíz de la crisis capitalista de 1929. Dentro de las medidas que se pueden destacar se encuentran: las reformas bancaria y monetaria de 1945 y la Ley de Fomento Industrial de 1946, las cuales crearon el esperado marco institucional para estimular la actividad económica. Se desarrolló una profunda reforma educativa, en la que Arévalo exhibió su reconocida competencia y tendió a remover los obstáculos culturales al desarrollo. La legislación social (Código de Trabajo y Ley del Seguro Social) a favor de la clase trabajadora, fue el factor que impulso la revolución, pero lamentablemente a su vez, fue el que inició con la oposición conservadora.

Luego de estas transformaciones sucedieron paralelamente varias intentonas de golpes de estado, sobre todo, la acontecida en el año de 1949, con el alzamiento del sector más conservador del ejército, cuyo líder era el coronel Javier Arana. El alzamiento se produjo al conocerse que el coronel Arana había muerto en la balacera que tuvo lugar al procederse a su captura, pues una noche anterior Arana había presentado un ultimátum al presidente Arévalo y estaba por consumarse un golpe de estado. La insurrección militar fue derrotada bajo la dirección de Jacobo Arbenz, en ese entonces Ministro de la Defensa, cuya nominación a partir de entonces fue la de “el soldado del pueblo”.

Arbenz arribó al poder en 1951, después de elecciones generales democráticas, en la cual convergieron por vez primera en Guatemala, partidos políticos de diversas corrientes ideológicas: derecha, centro e izquierda; aunque las dos últimas posiciones eran las más apoyadas. El lema de la campaña presidencial de Arbenz fue la reforma agraria, aunque pocos pensaron en que la llevaría a cabo. El programa de gobierno llevado a cabo fielmente por Arbenz planteaba tres estrategias: a) la independencia de la economía nacional; b) la transformación de Guatemala en un país capitalista y afirmaba que “la industrialización del país no podría realizarse sin la reforma agraria”; c) Que la transformación económica trajera consigo la mayor elevación posible del nivel de vida del pueblo; él mismo afirmó: “de nada nos servirá ser económicamente cada vez más libres en el mundo si lo fuéramos cada vez menos en nuestra propia casa (...) Toda la riqueza de Guatemala no vale lo que vale la vida, la dignidad, la salud y la felicidad del más humilde de sus habitantes” .

Bajo esas premisas, el proyecto revolucionario de Arbenz comprendió: la construcción de una carretera moderna al Atlántico para poner fin al monopolio de la IRCA – United Fruit; la construcción de un puerto moderno en el Atlántico para poner fin al monopolio portuario de la United Fruit; y la construcción de una central hidroeléctrica cuya capacidad sería cuatro veces superior a la instalada en la Empresa Eléctrica, para terminar el monopolio de la Electric Bond and Share Co.

El proyecto más contundente fue el de reforma agraria, consolidado por medio de la Ley de Reforma Agraria, Decreto 900 del Congreso, promulgada el 17 de junio de 1952. El objeto de la reforma era: “liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala” (artículo 1). Era claro, que la ley no pretendía un sistema socialista, ni mucho menos constituía una acción comunista, como la clase oligarca con apoyo de la embajada norteamericana hicieron suponer, para mantener sus privilegios a costa de la miseria del pueblo guatemalteco. Además, la reforma buscaba la expropiación de tierras no cultivadas u “ociosas” de las fincas mayores de 270 Ha., con lo que no se afectaba totalmente la propiedad, en especial, de los pequeños y medianos agricultores. En los 18 meses de aplicación de esta ley, el gobierno de Arbenz logró beneficiar entre 31% y 40% de campesinos y trabajadores agrícolas sin tierra .

Todas las reformas revolucionarias de Arévalo y Arbenz tocaron los intereses de la oligarquía guatemalteca y de las empresas trasnacionales estadounidenses. Era el momento en que nuevamente la embajada norteamericana tenía que actuar, sobre todo en un escenario internacional tenso, en virtud de la denominada “guerra fría”. Por ello, se pueden mencionar como causas externas del derrocamiento de Arbenz, el 27 de junio de 1954, las siguientes: a) la inhabilidad de todos los gobiernos norteamericanos para articular sus relaciones con regímenes progresistas en América Latina, pues cuando se lo proponen provocan la restauración del régimen anterior; b) la vocación de independencia del programa arbencista y los crecientes desacuerdos en política internacional con los Estados Unidos, en una época en la cual toda América Latina, con excepción de México, apoyaba incondicionalmente la política exterior norteamericana; c) la preocupación de la embajada norteamericana por la participación de grupos comunistas en los proyectos de gobierno y su alianza con partidos de gobierno.

Dentro de los factores internos, se puede citar como el fundamental, el golpe de Estado del Alto Mando del Ejército, bajo la compulsión del embajador norteamericano John Peurifoy. El 17 de junio de 1954 ingresaron a territorio guatemalteco tres columnas, de unos cientos de hombres, organizados por la CIA en territorio de Honduras. Estos en ningún momento pensaron en derrotar al ejército de Arbenz, el cual permaneció con cierta lealtad –pues queda registrado que no hubo una oposición abierta del ejército a los programas de gobierno, en especial, el de reforma agraria, hasta darse cuenta que el objeto de la invasión era hacer ostensible ante la oficialidad del ejército la decisión tomada por los Estados Unidos de intervenir en Guatemala. El 27 de junio de 1954 el embajador Peurifoy convocó a su despacho al Jefe de las Fuerzas Armadas, al Ministro de la Defensa, al Jefe del Estado Mayor del Ejército y a otros jefes militares y los conminó a que exigieran la renuncia a Arbenz. El golpe de Estado se dio ese mismo día.

Fue en ese momento en que quedaron truncadas las ideas democráticas y progresistas de los gobiernos revolucionarios y se instauraron nuevamente los gobiernos conservadores apoyados por los grupos oligarcas de Guatemala, que en una nueva fase de apoyo e intervención militar (1954-1986) en todas las esferas sociales del país, dejaron las heridas abiertas para la promoción de una guerra fratricida, que dejo más dolor, muerte, sufrimiento y atraso para esta nación, que ha permanecido -como otras naciones latinoamericanas- en el sueño de los justos, en la espera de un amanecer colectivo de felicidad y bienestar, al cual nunca podemos dejar de aspirar y luchar.

Luis Cáceres

Sobre los escritores y pensadores chapines*…

Sabían que en la guatebonita, no obstante, su aproximado cuarenta por ciento de analfabetismo, anidan y anidaron pájaros libres del pensar y de la literatura. Pájaros a veces callados, violentados, ultrajados, sometidos al ostracismo. Esos pájaros a los que no se les permite volar y se les trata de opacar cortándoles sus gigantes y emplumadas alas. Tan libres como el quetzal que vuela subrepticiamente en las selvas cobaneras y en la Sierra de las Minas de mi tierra.

Tenemos que seguir en la enseña de aquel bello poema del ilustre José Batrés Montúfar:

YO PIENSO EN TI
“Yo pienso en ti, tú vives en mi mente
Sola, fija, sin tregua, a toda hora,
Aunque talvez el rostro indiferente
No deje reflejar sobre mi frente
La llama que en silencio me devora.
En mi lóbrega y yerta fantasía
Brilla tu imagen apacible y pura
Como el rayo de luz que el sol envía
A través de una bóveda sombría
Al roto mármol de una sepultura.
Callado, inerte, en estupor profundo,
Mi corazón se embarga y se enajena
Y allá en su centro vibra moribundo
Cuando entre el vano estrépito del mundo
La melodía de tu nombre suena.
Sin lucha, sin afán y sin lamento
Sin agitarme en ciego frenesí
Sin proferir un solo, un leve acento,
Las largadas horas de la noche cuento,
¡Y pienso en ti!”

Qué hermoso es llevar en la mente a la mujer amada, estrepitosamente en el pensamiento, fogosamente en el corazón. Seguir contando las largas horas de la noche para pensar en ti, mujer amada.

Mi país, el de los paisajes verdes, los ríos y lagos verdes, montañas verdes, suelo verde, horizonte verde de esperanza. En este bello país, también floreció como ruiseñor el poeta, escritor y periodista Miguel Ángel Asturias, Premio Lenin de la Paz en 1966 y Premio Nóbel de Literatura de 1967. Connotado por su máxima obra “El Señor Presidente”, prototipo básico para entender los procesos dictatoriales y caudillistas en Latinoamérica, especialmente, para la Guatemala de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entre otras obras destacadas se encuentra “Leyendas de Guatemala”, “Hombres de Maíz” y “El Papa verde”. Asturias describió a nuestro príncipe Quiché, inspirado en esa patria verde, desgarrada violentamente por la invasión y resistencia que lleva más de quinientos años:


TECÚN UMÁN
“Tecún-Umán el de las torres verdes,
el de las altas torres verdes, verdes,
el de las torres verdes, verdes, verdes,
y en fila india indios, indios, indios,
incontables como cien mil zompopos:
diez mil de flecha en pie de nube, mil
de honda en pie de chopo, siete mil
cerbanteneros y mil filos de hacha
en cada cumbre ala de mariposa
caída en hormiguero de guerreros.
Tecún-Umán, el de las plumas verdes,
el de las largas plumas verdes, verdes,
el de las plumas verdes, verdes, verdes,
verdes, verdes, quetzal de varios frentes
y móviles alas en la batalla,
en el aporreo de las mazorcas
de hombres de maíz que se desgranan
picoteados por pájaros de fuego,
en red de fuego entre las piedras sueltas …”.

Cuánto han amado esos hombres a Guatemala. Cuántas veces la habrían pensado libre, en un amanecer de sueños construidos, de atardeceres festivos, de regocijo entre los niños, niñas y mujeres, de entrega afanosa de la tierra a los hombres humildes del campo. A cuánto sufrimiento fueron sometidos, cuántos dieron sus vidas por la anhelada democracia, que hoy incipientemente forjamos. ¡Cabal! Esto me hace recordar al poeta revolucionario, Otto René Castillo, así se dirigía él a su patria:

VAMOS PATRIA A CAMINAR

“Vamos patria a caminar yo te acompaño.

Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir, para que tú no mueras,
Para que emerja tú rostro flameando al horizonte
De cada flor que nazca de mis huesos.

Tiene que ser así, indiscutiblemente.

Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo.
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante.
Acompañarte en tú jornada, porque soy un hombre
Del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo.

Ay, patria,
A los coroneles que orinan tus muros
Tenemos que arrancarles de raíces,
Colgarlos en un árbol de rocío agudo,
Violento de cóleras del pueblo.
Por ello pido que caminemos juntos. Siempre
con los campesinos agrarios
y los obreros sindicales,
con el que tenga un corazón para quererte.

Vamos patria a caminar, yo te acompaño”.

Así se levantó la voz del pueblo. El poeta se hizo revolucionario, el revolucionario escribió de forma poética su lucha, desde Leipzig, Alemania. Abandonó su vida de estudios, para compartir la lucha con su pueblo. El aguerrido escritor empuñó sus manos con esos sindicales y campesinos que describía. Murió entre manos torturadoras y balas de esbirros en 1967. Su legado es su convicción de lucha, de cambio. Su convicción de pensar y actuar, como lo hacen los acrisolados hombres de virtud.

Ya ven que paradójico es mi país, analfabetas conviviendo entre sueños de poetas.

Luis Cardoza y Aragón, otro escritor chapín, vivió y murió en el exilio en México. Él describió un problema sociológico y cultural acerca de la identidad del mestizo o ladino, sobre todo, en el contexto del conflicto armado interno suscitado en Guatemala por más de tres décadas (1960-1996), algo que me parece interesante compartir:

“El ladino es un ser históricamente traumatizado”, un híbrido desequilibrado, porque es el resultante de una relación injusta y opresiva entre dominadores y dominados. El ladino manifiesta una pisocología del resentimiento: complejo de inferioridad, sensación de ilegitimidad, inseguridad. No siente bajo sus pies una historia ni una cultura, a veces ni una fisonomía, verdaderamente propias. Tiene una tendencia acusada a desvalorizar lo noble y a exaltar lo negativo, y es muy propenso al sometimiento hacia el extranjero. Para los poderosos, los “ladinos” proporcionan un escape económico, social y psicológico, a la opresión y explotación de las clases dominantes y del imperio.

Por ello, aunque ladino o mestizo suelen identificarse como sinónimos, debemos definirnos –los no indígenas- como “mestizos”, pues esta categoría es la correcta, ya que parte de una concepción biológica, y no ideológica, que incita el concepto de “ladino”, el cual, se define así para asemejarse idealmente al español. Los no indígenas, también debemos construir nuestra propia identidad y eliminar lo que correctamente definió Luis Cardoza. No debemos caer en esa psicología obsoleta de la superioridad y la desvaloración del indígena

Tantas historias, sueños y cuentos, pero no los de aquellos que nos impusieron los falsos ideólogos colonialistas y neo colonialistas. Historia hecha vida, hecha tristeza y alegría, hecha agonía y melancolía, la bella historia lírica de mi país. Es un cuento al mundo, un poema épico de amor, como el cuento más histórico, al igual que su brevedad histórica, del escritor y cuentista guatemalteco, Augusto Monterroso, Premio Príncipe de Asturias 2000, el cual decía: “Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí”. Simple acotación, sencilla y compleja narrativa.

Para concluir planteó que es necesario, en Guatemala y en el resto de países hermanos latinoamericanos, conocer a nuestros escritores y pensadores para proyectarnos en el horizonte que ellos y ellas han trazado.


Luis Cáceres
Diciembre, 2004.

LA IDEOLOGÍA COMO SISTEMA CULTURAL

El tópico descrito ha tomado interés para las ciencias sociales, sobre todo, después de la categorización universal expuesta por algunos pensadores e intelectuales del liberalismo económico, acerca del "fin de las ideologías" en la época global. Pero para desmitificar dicha afirmación, se puede partir de la siguiente premisa, el sistema cultural está determinado por sus aspectos ideológicos. Pero ésto también dificulta llegar a generalizaciones ideológicas, si partimos de los aspectos subjetivos que influyen en el pensamiento individual y colectivo.

Existen varias aristas acerca de qué se entiende por ideología: Un cúmulo de representaciones imaginarias acerca de la realidad (Marta Hanecker); un sistema de ideas que reflejan y disfrazan más o menos una realidad económica básica, son “mistificaciones” de esa realidad , al menos mientras no se ha desenmascarado su origen (Engels); un aspecto más de la superestructura de dominación de una clase sobre otra (Marx); una concepción evaluativa de la ideología (análisis sociológico); Wernet Stark nos informa “el pensamiento ideológico… es sospechoso, dudoso, algo que deberíamos superar y expulsar de nuestra mente”.

La ideología puede verse en su aspecto micro como ese conjunto de ideas o interpretaciones del individuo acerca de cómo él interpreta la realidad, acercándonos con lo dicho, a lo descrito por Berkeley: razón es igual a percepción. O, como lo sostiene en su análisis fenomenológico Hussley, el hombre debe abrir sus puertas a la percepción, como una forma de emancipación.

Sin embargo, el sistema cultural puede ser determinante para la consolidación de una ideología. Este sería el aspecto macro. En los espacios comunitarios, las costumbres y prácticas sociales determinan ideas, percepciones de sus miembros acerca de la realidad que observan, premisas que se vuelven vinculantes e inviolables por ellos. Dentro de una concepción eminentemente política, la superestructura estatal influye y puede influir radicalmente en un sistema cultural y de ideas determinado. Ejemplo de esto hay varios:
a) El poder eclesiástico, que ejerció su fuerza a través del miedo al pecado, a la contraposición de sus dogmas y su influencia represiva hacia los individuos, intimidándolos con la inminencia de un mundo aciago para los inicuos;
b) El poder económico, que aliena e ideologiza a las personas en razón de la ausencia o abstinencia de aquellos bienes o cosas que no pueden poseer (dictadura del capital), y que se presentan en el mercado como algo sustancial, cayendo los sujetos en meros consumidores de un sistema de cosas (bienes de lujo, accesorios, promoción de la abundancia, el placer, etc.) que incluso puede ser perjudicial para su misma subsistencia;
c) El poder estatal absolutista o autoritario, que impone un único modo de pensar y de expresión, apoyándose en ciertas reglas o parámetros considerados como únicos e irrefutables, como la visión xenofóbica de los nazis, el modelo represivo y nacionalista del fascismo, la percepción totalitaria del Estado como único regente de la vida humana, en el socialismo, entre otras formas, en donde el aspecto ideológico es determinante para la permanencia del sistema político, y en el cual, toda la institucionalidad (sobre todo en su aspecto superestructural, educativo y militar) debe acogerse al sistema de ideas imperante.

Pero observemos dos corrientes que nos dan una explicación y conocimiento de qué debe entenderse o en qué consiste la ideología: a) el materialismo histórico, y b) la concepción sociológica contemporánea.

a) El materialismo histórico como corriente filosófica y política, establece la existencia de tres niveles que interactúan en la vida en sociedad y en el Estado: el nivel económico, el jurídico – político y el ideológico.

En el nivel económico, o base social, se desarrollan las relaciones sociales de producción, las cuales, dependen de los modos en que se da la producción, distribución e intercambio. En la corriente filosófica descrita, se explica que el nivel económico determina el aparato político, jurídico e ideológico del Estado, el cual reproduce y justifica la existencia de relaciones económicas de explotación y desigualdad, o, en su caso, de justicia y equidad social.

El determinismo económico que se desarrolló a través del materialismo histórico, sirve como categoría científica para desentrañar que toda producción normativa que se traduce luego en praxis política está revestida, en última instancia y de forma esencial, de los intereses económicos y políticos que se manifiestan en las relaciones de poder, es así como se justifica, por ejemplo, que se debata acerca del rol mínimo del Estado para intervenir en las relaciones económico sociales (esquema neoliberal), o que, por el contrario, se argumente que el Estado debe dirigir el sistema económico y ejercer un papel importante para distribuir los ingresos y la producción nacional (Estado paternalista o benefactor). El Derecho, constituye una herramienta útil en la definición de las políticas económicas y orientaciones filosóficas de los actuales Estados modernos, es por ello que no se puede apartar la norma jurídica de los hechos económicos y políticos, que le sirven de fundamento y esencia.


Los hechos o acontecimientos sociales, es decir el ámbito fáctico y objetivo sobre el cual el Derecho y el Estado se va gestando y desenvolviendo, están a su vez influidos por la ideología predominante en una sociedad en un momento histórico determinado, y en este apartado debemos detenernos. Los aspectos ideológicos representan los elementos imaginarios sobre los cuales los hombres asientan sus hábitos, costumbres, tendencias de comportamiento y que sirven para establecer las conductas permisivas y prohibitivas que debe precisar el Derecho. La ideología es explicada por Marta Harnecker –citada por Raúl Castillo - así: “las ideologías no son representaciones objetivas, científicas del mundo, sino representaciones llenas de elementos imaginarios; más que describir una realidad, expresan deseos, esperanzas, nostalgias. Las ideologías pueden tener elementos de conocimiento, pero en ellas predominan los elementos que tienen una función de adaptación a la realidad. Los hombres viven sus relaciones con el mundo dentro de la ideología. Es ella la que forma su conciencia y sus actitudes y conductas para adecuarlas a sus tareas y a sus condiciones de existencia”.

Marx diría sintéticamente, que el ser social determina la conciencia social. No es la conciencia (Bewusstsein) de los hombres la que determina su existencia (sein), sino, por el contrario, su existencia social es la que determina su conciencia .

Verbigracia, el Derecho como fenómeno social está influido directamente por la ideología, la cual se da en dos niveles: primero en forma difusa, más que todo arraigada en las costumbres (vgr. el otorgamiento de dotes para llevar a cabo el matrimonio); y el segundo nivel, en donde la ideología se manifiesta de forma reflexiva y sistemática, que se da en la legislación, al darle vida a cuerpos legales con carácter de derecho positivo, y éste es el nivel importante, pues es el que incorpora muchas veces las costumbres, tendencias sociales, fundamentos morales, etc., los que son normados comúnmente en concordancia con los intereses de los grupos de poder político y económico de la sociedad.

b) Concepción sociológica contemporánea. Para ésta la ideología constituye una concepción evaluativa, es un hecho demostrado que el estudio de la ideología versa sobre un modo de pensamiento que está entregado a su propio curso.

Stark sostiene que todas las formas de pensamiento están socialmente condicionadas por su misma naturaleza, pero que la ideología presenta además la desdichada condición de estar psicológicamente “deformada” (torcida, contaminada, falsificada, anublada, desfigurada) por la presión de emociones personales como el odio, el deseo, la ansiedad o el miedo. La sociología epistemológica trata del elemento social en la búsqueda y percepción de la verdad, y de su inevitable confinamiento en una u otra perspectiva existencial. Pero el estudio de la ideología se refiere a lo siguiente:

Las ideas y las creencias, pueden ser referidas a la realidad de dos maneras: o bien a los hechos de la realidad, o bien a los empeños a que da nacimiento esa realidad o mejor dicho la reacción contra esa realidad.

Edward Shils traza una pintura de la “visión ideológica”, en la que aparece “una variedad de formas, cada una de las cuales alega ser única”, como el fascismo italiano, el nacionalismo alemán, el bolchevismo, el comunismo francés e italiano. Esta visión rodeó e invadió la vida pública de los países occidentales durantes los siglos XIX y XX, y amenazó con lograr el dominio universal. Fundamentalmente consiste en el supuesto de que la política debería manejarse desde el punto de vista de una serie coherente y comprensiva de creencias que deben imponerse a toda otra consideración. En opinión de Talcott Parsons el problema de la ideología surge cuando hay una discrepancia entre lo que se cree y lo que puede establecerse científicamente como correcto. Y en ello, estriba un problema fundamental: lo que se entiende como científicamente correcto está determinado por una posición ideológica u ontológica específica.

Reflexiones finales
1. La ideología puede evaluarse desde una arista individual, concerniente a la apreciación de toda persona de su realidad: sus ideas, interpretaciones, elementos imaginarios o de conciencia;
2. La ideología en un nivel macro, puede entenderse como un estándar de valores políticos y sociales, que va conformando un sistema cultural propio, aceptado por el grupo social o impuesto a través de un sistema político imperante;
3. Para la corriente materialista, la ideología se manifiesta como un cúmulo de interpretaciones o mistificaciones falsas acerca de la realidad, impuesta por una clase dominante, determinadas por las circunstancias materiales del individuo, que hacen muchas veces que éste se aliene y se encuentre desprovisto de su conciencia de clase;
4. En la ciencia social contemporánea, la ideología está referida a una concepción enteramente evaluativa, constituye un sistema ordenado de símbolos culturales, vistos desde un espectro individual o colectivo, o ambos en forma complementaria.

MSc. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
Abogado y Notario
Maestro en Derecho Constitucional