ESTADO DE DERECHO:
CRÍTICA AL ENFOQUE NEOLIBERAL Y

ANÁLISIS DEL ENFOQUE NEOCONTRACTUAL

En sentido amplio podemos decir que el Estado de Derecho no es aquél en el que los derechos son siempre respetados, sino aquél en el que ante una violación, las personas pueden obtener la tutela del derecho vulnerado.

Del pensamiento ideológico – económico actual se desprenden dos corrientes que propugnan por el estado de derecho, una para garantizar la seguridad jurídica dentro del mercado (esquema liberal) y la otra que se funda en principios axiológicos del estado de derecho (neocontractual); ambas se plantean dentro del modo capitalista de producción.

La corriente liberal tiene el objetivo de constituir como un medio el estado de derecho, cuyo fin sea la libre competencia. Dentro de esa lógica de mercado se aboga por tres aspectos fundamentales:

a) La libertad, que se traduce en la obtención de la persona de derechos como la libre competencia, la libre escogencia de productos, el libre acceso a la propiedad privada, reduciendo el concepto de libertad al de libertad económica, olvidando así su conceptuación sustancial que va vinculada a la primacía de la dignidad humana. El desarrollo de la libertad del ser humano queda atada a las necesidades materiales del hombre: ¿De qué sirve la libre competencia sin igualdad de oportunidades? donde los perdedores serán los mismos que históricamente han sido despojados y excluidos. La libre competencia olvida los valores de solidaridad. Aprenderemos a ver a nuestro prójimo como un objeto (como sucede actualmente), un instrumento que sirva para garantizar nuestra riqueza material; y si por alguna circunstancia ese sujeto – objeto obstaculiza nuestro fin debemos desarrollar todas nuestras capacidades para subsistir y destruir, lo que conlleva a una concepción “salvaje” del sistema económico. De qué sirve la libertad de escoger, cuando el poder adquisitivo de la mayoría poblacional guatemalteca y mundial se ve imposibilitada de adquirir toda esa gama de productos y servicios que ofrece el libre mercado. El mercado y sus productos son una ilusión o espejismo para las millones de personas que viven en la extrema pobreza. La libertad entendida bajo ese aspecto economicista, se vuelve una prerrogativa estéril de una democracia capitalista, desde el momento en que el individuo no está en capacidad de disfrutarla. ¿Qué importa que el hombre sea libre de pensar si al expresar su opinión se le expone al ostracismo social; que sea libre de discutir sus condiciones de trabajo si su situación económica le obliga a plegarse a la ley del patrono; que sea libre de organizar sus diversiones si la preocupación del pan cotidiano le absorbe todo el tiempo; que sea libre de desarrollar su persona si materialmente le falta el minimum vital?

b) Fomentar la inversión reduciendo la función del ordenamiento jurídico a la garantía de la seguridad jurídica estableciendo leyes que reduzcan aranceles, que aumenten los impuestos al consumidor, que no se impongan salarios mínimos a favor de los trabajadores para no desestimular la bendita inversión pero si estimular el hambre, se garantice la propiedad privada a costa de aquellos muchos que no la poseen y reprimir categóricamente a aquellos que vulneren dicho derecho. Es decir, un estado reducido en su función social, sin proteger los derechos humanos de carácter económico y social, pero paradójicamente amplio en su función represiva, creando fuerzas de seguridad eficaces para quien atente contra la propiedad privada y para quien vele por la justicia social. Como lo afirmará Norberto Bobbio “la vigencia y respeto de los derechos humanos son incompatibles con el libre mercado”.

c) Garantía absoluta de la propiedad privada. Para la subsistencia del sistema económico y de una minoría poblacional que está en uso y disfrute de la misma, se estatuye jurídicamente la no vulneración en ninguna forma de dicho derecho. En realidad, en la economía mundial y nacional, se habla poco de aumentar el número de propietarios, pues lo que si aumenta es la acumulación. Como dice José Saramago, “estoy de acuerdo con la globalización, siempre que se globalice el bienestar”.

El segundo enfoque es el neocontractual, el cual deriva de la necesidad de limitar el sistema capitalista liberal y excluyente, y dar un contenido social al Estado, el cual se abandono en virtud de la crisis del sistema socialista. Esta concepción pretende una nueva visión del Estado, moderna, apegada a un contenido social dentro de un sistema capitalista equilibrado, incluyente, nacionalista y progresista.

Uno de los máximos exponentes del neocontractualismo, a quien incluso se le ha denominado neomarxista es Norberto Bobbio[1]. Plantea un Estado de Derecho basado en principios jurídicos y axiológicos. Menciona cuatro aspectos fundamentales para la consolidación del Estado de Derecho, los cuales serán parte del presente análisis: imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la administración pública y respeto y vigencia de los derechos humanos.

a) Imperio de la Ley. Se entiende en este aspecto, que todos los ciudadanos y funcionarios debemos someternos a las leyes vigentes del país, siempre que las mismas guarden armonía y concordancia con los intereses de la mayoría (principio de legitimidad de la norma); pues si se deriva una norma o ley injusta, plantea Bobbio que se tiene el derecho a la desobediencia civil o a la resistencia pacífica.

b) División de Poderes. En un estado de derecho esta escisión elimina los abusos que se cometen cuando existe un poder único y concentrado. Los tres poderes del Estado se ven limitados en sus funciones ya que cada cual asume una función especial dentro del aparato estatal (legislar, administrar, juzgar). Estos tres poderes deben actuar de forma coordinada, sin sujeción o subordinación del uno al otro, lo que no quiere decir que no exista un sistema de contrapesos -como lo planteó Montesquieu- pues el Estado mismo establece frenos constitucionales entre ellos: la interpelación de los Ministros por el Órgano Legislativo, el veto presidencial, los antejuicios de funcionarios y legisladores conocidos por la Corte Suprema de Justicia, entre otros ejemplos.

c) Legalidad de la Administración Pública. Exige que los funcionarios públicos, sean depositarios de la autoridad delegada por el pueblo y por ende deben someter sus actuaciones a la ley y la Constitución Política. Ha sido evidente, que en nuestro país históricamente la administración pública en la mayoría de casos, ha servido para garantizar el bienestar de algunos funcionarios a través de la corrupción y desfalco de los bienes del pueblo, ya sea por la elite empresarial (caso de las privatizaciones) o por la clase militar en concurso con sus títeres políticos (la recién anterior administración es un caso ejemplar, al igual que todo el período de militarización en nuestro país).

d) El respeto y vigencia de los derechos humanos. Esta teoría conlleva una visión neo-kantiana, ya que trata de que el ejercicio de la política se realice en concordancia con los valores éticos de la persona humana: la dignidad como eje transversal de la teoría y praxis de los derechos humanos. La crisis actual de los derechos humanos en Guatemala a mi parecer se debate en tres puntos: i) violencia y descomposición social, fruto de un sistema de violencia institucionalizada en el pasado y de la marginación social a que han sido sometidos cientos de jóvenes que se encuentran sin oportunidades ni horizontes de materializar su integridad personal; ii) la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, en virtud de que ante el actual sistema económico que impone el liberalismo y la globalización mundial, se trata de invisibilizar esta problemática llevándola a escenarios mágicos y estéticos (léase el pensamiento económico de Von Hayek, Misses, Friedman). En todas las teorías del libre mercado subrepticiamente subsiste la expoliación y la acumulación ávida del capital que nada resuelve la problemática social a nivel nacional e internacional. El liberalismo conlleva además, tesis restrictivas de la organización social y sindical, llegando incluso a comprar algunos movimientos, con el fin de neutralizarlos. Como se ve no solamente transgrede los derechos humanos el Estado que mata y tortura a sus adversarios, sino también el sistema económico que niega el alimento, el techo, la salud, la educación y la identidad cultural; iii) por último, es indispensable en la actualidad, el respeto y promoción de los derechos de aquellos grupos vulnerados y excluidos históricamente como la mujer, los niños, los pueblos indígenas, las personas con retos especiales, los migrantes, los cuales solamente expongo, con el fin de un abordamiento posterior que amerite justipreciar cada uno de ellos ante la complejidad que contienen.

[1] Filósofo político y jurista italiano. Falleció en el mes de enero de 2004.

Luis Ernesto Cáceres Rodríguez